La muerte de dos internas de una residencia de personas mayores de Riba-roja, por la administración, en principio errónea, de sendas dosis de insulina cuando no eran diabéticas, se quedará, por ahora, sin responsables penales. Como mucho, habrá indemnización. Así lo ha decidido la Audiencia de València al confirmar el archivo de la causa a petición de la defensa de la enfermera a la que la Guardia Civil consideró autora, por imprudencia, de ambos homicidios.
Los hechos sucedieron el 18 de julio de 2017, en una residencia de Riba-roja. Una mujer de 59 años, Dolores Martín, y otra de 67, Pura Alcantud, tuvieron que ser evacuadas al Hospital de Manises con solo 14 horas de diferencia. Ambas ingresaron con una hipoglucemia -bajada de azúcar- aguda, después de que el médico del centro de salud de Riba-roja, alertado por los responsables del geriátrico, intentara remontar la situación en la que se encontraban.
Dolores murió el 8 de agosto, tras 21 días de hospitalización, con su única hija pegada a su cama. Pura, que no tenía familia y estaba tutelada por la Generalitat Valenciana desde 2009, había fallecido cuatro días antes. Ninguna de ellas era diabética y la jefa del servicio de Medicina Interna del Hospital de Manises decidió que nadie firmase los certificados de fallecimiento ya que, desde el principio, según recoge la investigación llevada a cabo por el grupo de Homicidios, «se mostró convencida de que a ambas se les administró insulina exógena».
De hecho, fue esa médica quien alertó al juzgado de que las dos muertes estaban interconectadas y de que su origen estaba en la administración de insulina, letal para una persona no diabética porque produce un cuadro grave de hipoglucemia -Dolores llegó a Manises con un nivel glucémico de 32 mg/dl de sangre y Pura, con 30 mg/dl (el valor basal en una persona no diabética es de 70-110 mg/dl en ayunas)-. Esa bajada brusca de la glucosa que produce la insulina en una no diabéticos puede conducir a la muerte, sobre todo en personas con la salud debilitada, como era el caso de las dos residentes, ambas grandes dependientes que no se valían por sí mismas para los quehaceres diarios.
Rectificación de los forenses
Las autopsias realizadas en un primer momento habían determinado que una y otra habían muerto por causas naturales. Los dos cuerpos habían llegado con cuatro días de diferencia y, por tanto, fueron examinados por forenses distintos.
En enero de 2018, el caso fue puesto en manos del grupo de Homicidios de la Guardia Civil de València. Al revisar las diligencias realizadas hasta ese momento por sus compañeros, decidieron entrevistarse con la jefa de Medicina Interna del hospital de Manises.
Tras conocer sus sospechas, se las trasladaron a los forenses, lo que provocó, en junio de ese año 2018, que revisaran el caso y examinaran la documentación expedida por el hospital, en la que se recogían los infraniveles de glucosa de ambas a su llegada al centro, así como la sospecha de que esa situación obedecía a la administración de insulina a dos personas no diabéticas. Además, revisaron sus propios estudios necroscópicos y llegaron a una nueva conclusión.
Los forenses rectificaron entonces sus informes preliminares y emitieron un único informe definitivo, conectando ambas muertes y estableciendo, según recoge Homicidios en su atestado, que «existió una administración externa de insulina que provocó hipoglucemia severa» y, por ende, su muerte, «no padeciendo ninguna de ellas patología alguna que justificara la administración de insulina».
Sí, pero, ¿quién fue?
A partir de ahí, los investigadores se centraron en tomar declaración a todos los responsables y empleados sanitarios de la residencia.
La primera conclusión a la que llegaron los agentes es que se trataba de sendos homicidios por imprudencia grave, esto es, debidos a un error voluntario. Uno de los razonamientos por los que concluyeron que no habían sido asesinadas es la proximidad temporal y espacial entre ambas intoxicaciones, precisamente la razón que hizo saltar las alarmas en el hospital.
Así las cosas, los investigadores averiguaron que aquel 18 de julio, solo había una enfermera trabajando, contratada para los meses de junio, julio y agosto para sustituir las vacaciones de los titulares de la residencia. La mujer, que ha permanecido como investigada en la causa, trabajó sola el 17 y el 18 de julio de 2017, porque el otro enfermero estaba de libranza.
Las sospechas de que fue ella quien les administró la insulina por error derivaron de varios hechos. En primer lugar, ese fármaco solo se pinchaba de día y por enfermeros; por la noche, si alguno de los escasos residentes diabéticos empeoraba, los auxiliares de guardia hablaban telefónicamente con el médico del centro de salud y este les informaba de qué y cómo hacerlo, pero la noche del 17 al 18 no hubo llamadas, así que ninguno se vio en la necesidad de inyectar insulina a nadie.
Además, la sospechosa, que ha negado haber administrado la insulina a esas pacientes, era quien menos conocía a los internos, por el escaso tiempo que llevaba en la residencia, y ella misma advirtió a la Guardia Civil de que cuando llegó le dijeron que debía aprenderse cuanto antes los nombres de los internos y asociarlos a su cara, porque la medicación se preparaba rotulando solo el nombre del paciente, pero no la habitación.
Sin embargo, primero el juez de Llíria ,y después la Audiencia de València, han decidido archivar provisionalmente la causa basándose en dos dudas razonables: cualquiera pudo tener acceso a la medicación, que se guardaba en un cuarto al que tenían acceso todos los empleados, y no hay posibilidad de fijar la hora de la administración del fármaco, ya que si fue insulina rápida, el efecto se habría producido solo unas horas antes (en el turno de noche, incluso), mientras que si hubiera sido lenta, habría sido entre 12 y 24 horas antes (en el turno de la enfermera).
