La acusación particular que representa a las familias de las seis niñas a las que supuestamente sometió a un intenso acoso sexual uno de sus profesores de Secundaria pedirá a la juez de Llíria que investiga el caso que cite a declarar al equipo directivo del IES donde se produjeron los hechos «ante la posibilidad de que se deriven responsabilidades por los hechos sucedidos».

Así lo ha afirmado el abogado de las familias, el letrado Juan Antonio Toledo, que lleva la causa para las seis niñas. Las chicas, de 14 y 15 años, debían haber declarado ayer ante la jueza de Instrucción número 7 de Llíria, pero finalmente esa diligencia ha tenido que posponerse hasta septiembre por la sobrecarga laboral que soporta el juzgado.

Las seis menores que finalmente han presentado denuncia formal contra el profesor de Secundaria del instituto, ubicado en una localidad del Camp de Túria que Levante-EMV omite para preservar la identidad de las víctimas, tenían previsto ratificar ayer ante la jueza lo que ya declararon ante los dos agentes de la Policía Local que llevaron a cabo la investigación.

Tal como publicó este diario, el caso salió a la luz gracias a que una de las chicas afectadas contó a los policías locales que ella y otras menores sufrían acoso sexual por parte de un profesor durante una de las charlas que esos policías imparten en los centros escolares de su municipio, precisamente para sensibilizar a los adolescentes. En la charla, además de abordar la violencia de género y el acoso escolar, explicaron cómo los pederastas y pedófilos convencen a los menores para convertirlos en víctimas de sus pretensiones sexuales.

Una vez destapado el caso, los policías rastrearon hasta dar con todas las menores afectadas y entregaron todas las pruebas y declaraciones reunidas a la Guardia Civil, que detuvo al presunto acosador en su domicilio, después de que saliera de trabajar.

Amenazas de suspensos

Las chicas detallaron en las denuncias que el ahora investigado, que está en libertad con cargos -por os delitos de acoso personal, coacciones y contra la libertad e indemnidad sexual de menores-, las amenazaba a unas con suspenderlas y a otras con no puntuarles con más de 5 si no accedían a sus pretensiones, esto es, que le agregasen a sus redes sociales, que le enviasen fotos sensuales y en bikini o que no le bloqueasen en esas redes.

Algunas de las menores llegaron a ceder al chantaje, según han denunciado, y otras se negaron. Precisamente por las afirmaciones de las primeras, la jueza ha ordenado a la Guardia Civil que rastree todo el material informático intervenido en el registro de su domicilio -ocho pendrive, móviles y la CPU de su ordenador- en busca de esas imágenes y de cualquier otro archivo de pornografía infantil que se sospecha pueda haber almacenado en los citados soportes informáticos.

Los dispositivos están ya en manos de la unidad especializada en nuevas tecnologías de la Zona de la Guardia Civil, con sede en Benimaclet, responsable del volcado de la información que contengan y su posterior análisis, lo que podría varias las acusaciones contra el profesor encausado.