El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja interpuesta por València Acoge a raíz del caso de la mujer hondureña que no pudo formalizar una denuncia por la agresión de un hombre porque los policías que la atendieron prefirieron incoar un expediente de propuesta de expulsión al comprobar que su estancia en España superaba el tiempo legal para una turista.
La asociación valenciana de apoyo a los migrantes había presentado, respaldada por otros 170 colectivos y 800 ciudadanos y agrupaciones sociales y políticas, una queja formal ante el Defensor del Pueblo para pedirle que «garantice el derecho de las personas migrantes en situación irregular a denunciar sin miedo a ser expulsadas, ya que una infracción administrativa no puede estar por encima de una investigación penal y la protección de las víctimas».
El propio defensor del Pueblo ya lanzó en 2004 una recomendación a la Dirección General de la Policía instando a ese organismo a priorizar siempre la protección sobre la incoación de expedientes de expulsión cuando se trataba de mujeres en situación de violencia de género. Sin embargo, la instrucción interna ha tardado 15 años. Así, no fue hasta el pasado 15 de mayo, cuando el Ministerio de Interior emitió una orden interna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la que se les dice que deben incluir en los atestados policiales de violencia machista si las víctimas extranjeras están en situación irregular en España. El objetivo es agilizar la suspensión de posibles procedimientos de repatriación.
El caso de María (nombre ficticio) saltó a la luz el pasado mayo, días después de que acudiera junto con un amigo en busca de ayuda a la comisaría de Xirivella, para denunciar la agresión de que había sido objeto por parte del casero de su amigo, quien llegó a amenazarla con un cuchillo.
Sin embargo, cuando el agente de la oficina de denuncias vio por el pasaporte de María que estaba en situación irregular, avisó a sus compañeros de Extranjería, que se la llevaron a sus dependencias y, tras leerle los derechos, le abrieron un expediente de expulsión que aún está pendiente de estudio por parte del delegado del Gobierno.
El Defensor del Pueblo ya recordaba a Interior en 2004 que esa forma de proceder, priorizando una infracción administrativa sobre una penal, de mayor rango legal, condena a las personas migrantes a no denunciar por miedo a la deportación, lo que aumenta su vulnerabilidad ante cualquier delito y permite que los autores permanezcan impunes, por lo que recomendaba exactamente lo contrario.
