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Asesinato del alcalde de Polop

Las defensas del crimen del alcalde de Polop ya conocen la identidad del testigo protegido

La medida se ha adoptado al entender que el dato no pone en peligro al confidente porque tiene una nueva filiación que sí tiene carácter reservado

El alcalde entra herido al hospital poco antes de fallecer. cristina de Middel

Era un secreto a voces, pero aún así las defensas en el caso del asesinato del alcalde de Polop exigían conocerlo. La Audiencia de Alicante ha desvelado a los letrados la identidad del testigo protegido que implicó a los procesados en la muerte a tiros de Alejandro Ponsoda en octubre de 2007. La medida se acuerda porque la Audiencia entiende que el dato no pone en riesgo la integridad del confidente, ya que éste cuenta en la actualidad con una identidad nueva y que sí se trata de una información de carácter reservado por su condición de testigo protegido. En un escueto auto, la Audiencia Provincial revela a las defensas el nombre y los apellidos del testigo. Una identidad que todos sospechaban, pero que necesitaban confirmar para preparar su línea de defensa ante el juicio que se celebrará del 13 al 29 de enero de 2020 por jurado popular.

El testigo protegido es un antiguo portero del club de alterne Mesalina y a quien, según su testimonio, los acusados de ser los autores intelectuales del crimen le encargaron a él en un primer lugar el asesinato. Entre los siete acusados se encuentra quien sucediera a Ponsoda en la Alcaldía del municipio, Juan Cano y a quien se considera uno de los conspiradores. Los otros autores intelectuales para las acusaciones serían el empresario polopino Salvador Ros, así como dos de los responsables del club de alterne, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto. Para cada uno de ellos se piden 25 años de prisión por el asesinato. Las acusaciones sostienen que éstos contactaron con los ciudadanos checos Robert Franek y Radim Rakowski, así como el español Raúl Montero Trevejo para encargarles el asesinato, al no llegar a un acuerdo con el testigo protegido. Para éstos se piden dos años más (un total de 27 para cada uno) porque al delito del asesinato, se suma el de tenencia ilícita de armas. Aunque las pistolas que acabaron con la vida del alcalde del PP no fueron encontradas, se trataba de armas no registradas. Todos los acusados se encuentran en libertad por estos hechos y siempre han negado cualquier relación con el asesinato.

Las defensas siempre han asegurado que las acusaciones del testigo protegido son falsas y que solo intentaba obtener ventajas en otras causas penales abiertas. Por este motivo, habían reclamado a la Audiencia la verdadera identidad del testigo a fin de preparar su línea de defensa y refutar sus acusaciones.

La petición partió de la letrada Mariana Ivanov, que lleva la defensa de uno de los súbditos checos y que también había solicitado la identidad de otra testigo con estatus de protegida en esta causa, y que sería la pareja sentimental del confidente. Pero en esta ocasión, la petición no ha sido atendida porque la mujer no va a prestar declaración en el juicio y se considera que su testimonio es «irrelevante» para la causa.

Asesinado a tiros en 2007

Alejandro Ponsoda murió asesinado a tiros en octubre de 2007 cuando entraba con su coche en el garaje de su casa en la pedanía polopina de Xirles. Tras dos años de investigaciones, en noviembre de 2009, fue detenido como presunto inductor del crimen la persona que sustituyó a Ponsoda en la Alcaldía tras su muerte, Juan Cano.

La acusación relata los enfrentamientos entre Alejandro Ponsoda y Juan Cano, a raíz de que este último quedara relegado en las listas municipales de 2003 al Ayuntamiento de Polop, debido a la aparición de unas cintas en las que Cano reclamaba dinero a un empresario. Cano acusaba a Ponsoda de no defenderle ante la dirección del partido y por tanto de no haber salido concejal. La Fiscalía señala que con la vuelta de Cano al ayuntamiento en 2007 los enfrentamientos con Ponsoda se recrudecieron «al tratar de imponer sus decisiones». Siempre según la Fiscalía, Cano se puso de acuerdo con el empresario Salvador Ros «que había tenido conflictos con el alcalde asesinado», por la animadversión que sentían hacia Ponsoda. Para ello contactaron con los responsables del club de alterne Mesalina de Finestrat y en una de las salas VIP del local propusieron al testigo protegido cometer el crimen por 35.000 euros. Al negarse éste, propusieron el crimen a los otros tres procesados.

El juicio tendrá una duración de un mes y uno de sus momentos clave será el de la declaración del testigo protegido, ya que hasta ahora no ha contado su versión de los hechos en sede judicial, sino que lo hizo ante la unidad de la UCO de la Guardia Civil, que se desplazó desde Madrid a la provincia para hacerse cargo de la investigación.

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