La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, aseguró ayer que la formación especializada de profesionales y operadores jurídicos es «esencial» para acabar con «la estadística de la infamia» que suponen las 1.015 mujeres asesinadas por sus parejas desde 2003.

Así se expresó ayer la consellera en la apertura del Curso de Formación Especializada en Violencia de Género en la Facultad de Derecho de la Universitat de València (UV). Bravo subrayó que la «estadística de la infamia aún puede ser más aterradora»: «De las 40 mujeres muertas por violencia de género este año, seis de ellas lo fueron en la Comunitat Valenciana y, de esas 40, solo ocho habían denunciado previamente: menos del 20 por ciento».

«Este pobre porcentaje obliga a que la Administración pública proporcione todos los elementos y herramientas necesarios para proteger a las víctimas, de forma que entiendan que la solución a su situación pasa por denunciar», sostiene Bravo.

En este contexto, destacó que la Conselleria tiene una responsabilidad «fundamental» en la prevención y protección de las víctimas de la violencia machista, por lo que trabajan en mejorar los mecanismos de respuesta institucional en el ámbito judicial.

«Nos estamos dejando la piel en esta batalla: invirtiendo y dotando de más y mejores recursos públicos, pero también formando y especializando a profesionales de varias disciplinas para que las víctimas de violencia de género tengan toda la ayuda posible», manifestó.

Para la titular de Justicia, las acciones formativas son «esenciales» para luchar contra el terrorismo machista, ya que la violencia de género «no es un problema privado ni familiar; es un problema de Estado que requiere soluciones de Estado» y eso «solo se puede conseguir si conocemos bien el problema y contamos con los profesionales mejor preparados para tratar con las víctimas, que son el eje de toda nuestra actuación».

En este contexto, reivindicó la creación de las actuales 26 oficinas de asistencia a las víctimas del delito, que se extenderán durante este año a la totalidad de los 36 partidos judiciales de la Comunitat.

En la misma línea, la consellera destacó el trabajo que se realiza en la Oficina de Denuncias Especializada de la Ciudad de la Justicia de València, dotada con personal de la Policía Nacional especializado en violencia de género y que colabora directamente con las oficinas y con la unidad especializada de violencia de género del Instituto de Medicina Legal.