Pese a los protocolos establecidos en la lucha contra la violencia machista, donde se puede perseguir el delito de oficio, lo cierto es que si el día de juicio la víctima -por los motivos que sea- retira la acusación, la carga probatoria queda a expensas de una buena labor de investigación previa y de los informes periciales que acrediten los hechos. Más aún si los delitos que se le atribuyen al presunto maltratador son de carácter semiprivado, como las agresiones sexuales. Esto es lo que ocurrió ayer cuando una supuesta víctima de la lacra machista no quiso declarar contra su presunto agresor y se retiró como acusación al comienzo del juicio, celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de València.
La Fiscalía, a tenor de la prueba practicada en la vista oral -tanto el acusado como los dos hijos de la pareja se acogieron también a su derecho a no declarar- tuvo que rebajar en diez años de prisión la pena que solicitaba inicialmente para el procesado por un delito de agresión sexual, coacciones y otro contra la integridad moral. Así, únicamente pide ahora una pena de diez meses de cárcel por un delito continuado de amenazas, tras reproducir durante el juicio unos audios donde se escucha al acusado discutir con su exmujer y recriminarle airadamente y con insultos su relación con otro hombre.
En el relato de hechos recogidos en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, basados en la denuncia y las declaraciones durante la fase de instrucción, se indicaba que la víctima «era obligada a aceptar tener relaciones sexuales», y que si se negaba, el procesado le propinaba presuntamente patadas y empujones. Respecto a la presunta situación de acoso, la víctima tuvo que eliminar su perfil en redes sociales y cambiar dos veces de número de teléfono.
«No vales para nada»
Asimismo, se narran algunas de las «conductas vejatorias e insultos» a los que el acusado supuestamente sometía a su pareja, tras veinte años de matrimonio. Desprecios como «no vales para nada» o «gorda de mierda», llegando incluso a orinarse encima de su víctima, según relataba el fiscal, que ha tenido que retirar la acusación también por dicho trato degradante al contar únicamente con el informe de la Unidad de Valoración Integral de Violencia sobre la Mujer y la declaración del médico de la unidad de Psiquiatría del Hospital de la Ribera, donde fue atendida la víctima.
Un intento de suicidio por ingesta de pastillas en mayo de 2017, derivado por el «estado de ansiedad continuada, entre otros factores por el acoso de su marido», según declaró ayer el facultativo que la atendió, fue lo que destapó la supuesta pesadilla que vivía esta mujer en un municipio de la Ribera.
Asimismo, los especialistas del Instituto de Medicina Legal de València que realizaron el citado informe de Valoración Integral de Violencia sobre la Mujer ratificaron ayer sus conclusiones. En ellas señalaban que el «evidente deterioro de su estado emocional era compatible con la vivencia continuada de situaciones que suponen una vulneración de la dignidad de la persona como las denunciadas por la víctima».
