La Sección Primera de la Audiencia Provincial de València, que juzga desde el martes al acusado de intentar asesinar a su hija de dos años tras asestarle dos cuchilladas en Benifaió, acordó ayer la prisión provisional del procesado ante «la gravedad de los hechos, el peligro que supone para la integridad de la víctima y el riesgo de fuga». Stytianos M., de 52 años y nacionalidad griega, ya estuvo en prisión provisional desde que se entregó tras cometer su crimen, el 15 de enero de 2017, hasta el 15 de febrero de este mismo año. No obstante, tras sobrepasar en un mes el plazo de dos años máximo fijado para dicha medida cautelar y no solicitar su prórroga la Fiscalía en tiempo y forma, el presunto autor de un delito de asesinato en tentativa quedó en libertad a la espera de juicio.

En la segunda sesión del juicio, «a la vista de las pruebas practicadas», el Ministerio Fiscal solicitó ayer la comparencia de prisión del acusado. A la misma se adhirió la acusación particular, ejercida por la madre de la pequeña, que tenía tan solo dos años y diez meses cuando se produjeron los hechos. Por su parte, la defensa se opuso a dicha medida al considerar que su cliente se entregó a la Policía Local de Benifaió nada más ocurrir los hechos y nunca se ha negado a colaborar con la Justicia.

Asimismo, la defensa del procesado mantiene la rebuscada teoría de que su cliente solo quería lesionar a su propia hija a instancias de la madre y de sus familiares para que así su pareja, que estaba cumpliendo condena en el centro penitenciario de Picassent, obtuviera beneficios penitenciarios y la ansiada libertad. De hecho, al cumplir tres años la menor tendría que abandonar el módulo de madres en el que convivía con ella y ésta temía dicho momento, según reconoció en el juicio.

No lo entiende así la Fiscalía, que en su escrito de conclusiones provisionales remarca que el acusado pretendía acabar con la vida de su hija «con ánimo de menoscabar gravemente la integridad psicológica de su pareja», Sara Majarenas, quien estaba al otro lado del teléfono, en prisión, sin posibilidad de hacer nada. Por ello solicita, al igual que la acusación particular, una pena de 30 años de prisión para el acusado.

En el auto de prisión el magistrado argumenta que ya en sí misma la grave pena solicitada por las acusaciones «supone un riesgo claro y palmario de sustracción a la acción de la Justicia». Pero además se suma a la situación personal del procesado, «extranjero con conexiones internacionales, que carece de arraigo en España, sin trabajo, ni lazos familiares efectivos en la actualidad». Todo ello hace que el riesgo de fuga sea evidente.