La Comunitat Valenciana concentra el 12,85 % del total de los condenados adultos por sentencia en España y el 15,7 % de los menores durante 2018, según los datos del INE, y es la cuarta y segunda autonomía en esta clasificación, respectivamente. Son datos del registro nacional de penados, que publicaba ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Andalucía fue la comunidad autónoma en la que fueron inscritas más personas condenadas (19,8% del total), y por detrás se situaron Cataluña (15,6 %) y Comunidad de Madrid (13,8 %). Cataluña fue la comunidad con más condenados extranjeros (23,6 % del total) seguida de la Comunidad de Madrid (17,5 %) y la Comunitat Valenciana (13,4 %).
Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron las tasas de condenados inscritos por 1.000 habitantes más elevadas (26,6 y 24,3, respectivamente). Por el contrario, Galicia (5,3), Castilla y León y Castilla-La Mancha (ambas con 5,6), presentaron las tasas más bajas.
El mayor número de condenas a menores se produjo en Andalucía, que absorbió una de cada cinco (20,3 %), seguida de la Comunitat Valenciana, con un 15,7 %.
Por lo que respecta a las condenas por delitos sexuales en España, se ha registrado un crecimiento durante 2018 del 6,6 por ciento en el caso de los adultos (2.431 condenados que perpetraron 2.952 infracciones y un 20,1 por ciento en los menores (323 condenados responsables de 408 infracciones).
En total, en 2018 fueron condenadas 286.637 personas adultas, un 0,5 por ciento más que el año anterior. Son condenas por sentencias firmes impuestas y, de ellas, un 21,9 por ciento corresponde a delitos relacionados con la seguridad vial, por delante de los hurtos (el 17,3 %) y las lesiones (16,6 %).
En términos globales, el 79,3 % de las personas condenadas son varones, frente al 20,7 % de mujeres, con una edad media de 37,2 años en los hombres y de 36,6 en las féminas. El 76,3 por ciento de los condenados tiene la nacionalidad española y entre los extranjeros, un tercio (32,7 %) procede de países comunitarios.
Atendiendo a la tasa de condenados por cada mil habitantes, la de extranjeros casi triplica a la de los españoles (17,7 % frente al 6,3 %). A lo largo de 2018 se impusieron 753.803 penas en sentencias firmes dictadas e inscritas en el registro, un 2,6 % más que el ejercicio anterior. Una de cada cinco fue privativa de libertad y el 34,3 % de multa.
Del total de 142.699 penas de prisión (un 1,9 % menos que en 2017), el 93,3 % tenía una duración de entre cero a dos años y solo el 1,1 % de más de cinco años.
