El Observatorio Valenciano contra la LGTBFobia ha exigido la promulgación de una ley estatal que, como la valenciana, regule los delitos de odio contra este colectivo y «ponga las herramientas necesarias» para que no se repitan casos como el de la chica de 18 años de Llíria que se suicidó en la tarde del pasado miércoles, supuestamente en el marco de una situación de acoso que se prolongaba desde hacía tiempo, tal como adelantó ayer en exclusiva Levante-EMV.
La Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción número 3 de Llíria investigan el suceso y tratan de confirmar si las vejaciones, tanto en redes sociales como en su entorno, han propiciado que pusiera fin a su vida.
El observatorio ha mostrado su tristeza por la muerte de la chica, cuya identidad no ha revelado este diario para preservar su anonimato, y quien, han recordado, "ha vivido la crueldad a la que la parte más reaccionaria de la sociedad condena a la diversidad".
"Las personas trans", recuerdan, "tradicionalmente vejadas y maltratadas con especial odio por la sociedad, sufren una tasa de paro de más del 85 %, una realidad que se suma a su situación de vulnerabilidad y exclusión. En 72 países se nos condena a muerte o a cadena perpetua".
Así mismo, el Observatorio insta a la Generalitat Valenciana a que "proteja a las personas trans de situaciones de riesgo y reduzca las desigualdades y la exclusión social con planes de acompañamiento" y exige que "se incorporen medidas contra las situaciones de acoso, protegiendo a las víctimas y brindando recursos para la igualdad de oportunidades y de trato".
A raíz de la publicación de la noticia en este diario, el síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, se ha hecho eco del caso en su cuenta oficial de Twitter, en la que ha publicado "la transfobia mata. DEP" con un enlace a la noticia del periódico Levante-EMV que adelantaba que la Guardia Civil investiga si la joven trans se suicidó tras sufrir acoso y analiza los mensajes que llevaba recibiendo desde hacía al menos tres años en sus redes sociales.
El cuarto caso en España
Además, la Plataforma Trans condenó ayer este nuevo "asesinato social" después de que la chica llevase meses "siendo vejada, acosada e incluso agredida por su identidad sexual" y exigió que "se depuren responsabilidades".
La plataforma recuerda que esta muerte da la razón a los distintos estudios sobre el índice de agresiones que sufren los jóvenes y adolescentes trans, así como el alto número de intentos de suicidio que, según un estudio publicado en Pediatrics, en 2018 se elevaba a más del 50 %. De confirmarse, el de Llíria sería el cuarto caso documentado de suicidio en España de «jóvenes que ven truncada su vida cuando aún no han comenzado a vivirla» por la presión que ejercen sobre ellos por su identidad sexual.
El colectivo recordó ayer que el primer caso reconocido y hecho público de suicidio de un adolescente trans fue en 2015, en Barcelona, con la muerte de Alan de 17 años. Además, ha citado los casos de Ekai, de 16 años, en el País Vasco y Thalia, de 17, en Madrid, ambos en 2018.
"El acoso, la transfobia y la falta de una legislación específica trans que blinde el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género, son los responsables de estos 'asesinatos sociales'", ha declarado la presidenta de la Plataforma Mar Cambrollé.
A su juicio, "es una prioridad y una urgencia del nuevo gobierno que salga de las urnas el próximo 10 de noviembre, así como de todas las fuerzas políticas, la inminente tramitación de una Ley Trans Estatal, integral y transversal, que desde la educación, la atención sanitaria, la identidad legal, el acceso al mercado laboral, pasando por todas las realidades que atraviesan nuestras vidas, venga a reparar, reconocer y proteger a las personas trans y acabe con esta lacra social que supone la transfobia".
Ha apuntado que el Estado y la sociedad "tienen una deuda histórica con las personas trans" y por ello ha exhortado a que la Ley Trans Estatal "no sea una estrategia política, ni medalla de ningún partido político, ya que hablamos de derechos humanos fundamentales que exigen del consenso por encima de cualquier ideología".
Ha recordado que en Andalucía, Madrid, la Comunitat Valenciana y Aragón las primeras leyes que aprobaron sus parlamentos autonómicos han sido legislaciones especificas trans y ha instado al Estado a "tomar nota y secundar la misma iniciativa".
