La menor tutelada por la Generalitat que denunció a su monitor por un presunto delito de abusos sexuales no ha recibido ninguna asistencia jurídica durante el tiempo en el que se ha prolongado el procedimiento. La Fiscalía denunció en el juicio la «clara desprotección» de la víctima y en el expediente ni siquiera consta que se haya nombrado un defensor judicial para que le informara de sus derechos y acompañarla en el juicio.
La denunciante esperó ayer esposada en un pasillo de la Ciudad de Justicia, un exceso policial nada habitual en estos casos, según admitieron ayer a este periódico fuentes judiciales.
El nombramiento de un defensor judicial aparece en la legislación española como una figura más que protege a los menores no emancipados.
Su objetivo es servir de complemento para garantizar los derechos de los menores ante la falta de capacidad para gestionar asuntos judiciales o incluso su propio patrimonio.
Entre los supuestos en los que se hace necesaria la figura del defensor judicial, está cuando existen intereses entre el menor no emancipado y sus progenitores o tutores legales.
Además, la ley prevé que se instará el nombramiento de un defensor judicial cuando los progenitores o tutores se nieguen a representar o asistir en el juicio al menor o persona con capacidad modificada judicialmente.
En un primer momento la Fiscalía de València no había pedido ninguna indemnización para la joven, aunque ayer corrigió sus conclusiones finales y reclamó 6.000 euros para la denunciante en caso de condena.
No obstante, al no dirigirse ninguna acusación contra la Generalitat, no se reclama ninguna cantidad en concepto de responsabilidad civil.
La denunciante sigue siendo menor de edad y su tutela está en manos de la Generalitat, por tanto su tutor es la Administración. Al producirse los hechos cuando estaba ingresada en un centro de menores, tenía la posibilidad de exigir en el juicio responsabilidades a sus tutores por estos hechos, en este caso, la Generalitat.
