08 de noviembre de 2019
08.11.2019
Tribunales

La fiscal pide 5 años de cárcel a un educador por abusos a una menor

El acusado es el exmarido de Oltra, responsable de menores tutelados - Igualdad dice que activó el protocolo nada más conocer los hechos - La fiscal aprecia que la niña sufrió "desprotección"

08.11.2019 | 00:19
El acusado en el juicio por presuntos abusos a una menor en un centro.

Un educador de un centro de acogida de menores de València, dependiente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, se enfrenta a una pena de cinco años de prisión acusado de un delito continuado de abusos sexuales a una chica de catorce años tutelada por la Generalitat que estaba interna en el mismo.

El acusado Luis Eduardo R. I., exmarido de la responsable de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, negó los hechos en el juicio celebrado ayer en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de València.

La víctima, todavía menor (tiene ahora 17 años) fue trasladada desde el centro en el que se encuentra interna ahora y permaneció esposada en un pasillo hasta que declaró. Este trato, para asegurarse que compareciera en el juicio ya que en otras dos ocasiones la vista oral se había tenido que suspender por no presentarse la principal testigo, fue criticado por la magistrada, quien se disculpó ante la adolescente por la forma en la que fue llevada a declarar, contraria a los principios del Estatuto de la Víctima.

La adolescente ratificó que sufrió abusos en fechas anteriores a enero de 2017. Por su parte, la jefa de la Unidad de Psicología Forense del Instituto de Medicina Legal de València que la exploró dio total credibilidad al testimonio de la chica.

La experta no apreció contradicciones en el relato de la menor, que desde los cuatro años se encuentra tutelada por la Generalitat y ha pasado por varios centros de menores de la Comunitat Valenciana.

La joven, que declaró amparada tras un biombo, relató en el juicio cómo el acusado cogía su mano y se masturbaba creyendo que ella dormía. La menor aseguró durante la vista que se quedaba en shock y que no sabía cómo reaccionar. La adolescente reconoce que en ocasiones le pedía a este educador que le hiciera masajes, porque tenía mucha confianza con él.

«Nos llevábamos bien, le pedía consejos, no pensaba que podía hacer algo así», explicó. Asimismo argumentó que trató de ocultar los abusos por vergüenza hasta que finalmente se lo contó a su novio. Y posteriormente a unos agentes de la policía autonómica.

«Conocía a gente influyente»

La intervención de los citados policías data del 22 de junio de 2017 cuando acudieron a una localidad de l'Horta donde se encontraba la menor fugada del citado centro, en compañía de su novio y de una amiga. Los policías de la Unidad Adscrita, que también han declarado en el juicio, aseguraron que aunque no quería contar lo que le pasaba, su novio le insistió para que se liberara del peso que llevaba encima.

Además, la amiga de la víctima apuntó que la persona que estaba abusando de ella decía que «conocía a gente influyente» y que con ello la tenía atemorizada porque pensaba que no la iban a creer.

Cuatro meses antes de que le confesara a los policías los abusos que presuntamente estaba padeciendo por parte del educador, la menor ya había contado (en febrero) a una trabajadora de un centro de día que gestionaba los recursos económicos de su padre, en prisión, que estaba siendo víctima de abusos. Esta testigo declaró ayer que le dio «total credibilidad» y ese mismo día se lo comunicó al Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional, pero sin darles el nombre de la menor ni del centro.

Eso sí, la trabajadora le insistió en acompañarla en denunciar, a lo que la menor se negó, y puso los hechos en conocimiento del centro.

Fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas aseguran a este diario que se activó el protocolo ante este tipo de casos nada más conocer los hechos. Además aclaran que en esas mismas fechas coincidió que la menor iba a ser trasladada a otro centro con medidas judiciales.

No obstante, la fiscal remarcó en su informe que aprecia una «clara desprotección con la víctima», a quien se trató de desacreditar en el juicio por su mal comportamiento en el centro e incidentes posteriores con otros educadores.

Además, puso en tela de juicio el informe que realizó la propia dirección territorial de Igualdad, al constar en la entrevista que mantuvieron con la menor -tras tener conocimiento en febrero de 2017 de los supuestos abusos- que el motivo de la misma era para que explicara las razones por las que quería abandonar el centro.

La psicóloga de la sección de Menores de la dirección territorial sostuvo en el juicio que tras tres cuartos de hora hablando con la menor «no hubo ninguna posibilidad de que pudiera investigar la veracidad de los abusos», ya que en ningún momento habló de ellos y ella se limitó a preguntarle por los problemas que tenía en el centro sin llegar a preguntar si alguien había abusado de ella.

La defensa del acusado, ejercida por el letrado Óscar Fernández, pidió la libre absolución de su cliente al considerar que los hechos nunca se produjeron. De hecho, en el tiempo en que sitúa la víctima los mismos ésta protagonizó diversas fugas y «apenas pasó cinco noches en el alojamiento». Y en el mes de enero su cliente estaba en periodo vacacional, afirmó. Asimismo, en los seis años que lleva trabajando no ha tenido ningún otro incidente, subrayó el letrado, quien también cuestionó que la menor, que en febrero de 2017 agredió a otro educador, no reaccionara cuando supuestamente sufría los tocamientos en una habitación cuya puerta siempre estaba abierta.

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