Un informe elaborado por la Policía autonómica concluye que los agentes llevaron esposada hasta la Ciudad de la Justicia de València a una menor, víctima de presuntos abusos sexuales, porque el centro de reforma donde se encuentra ingresada alertó del riesgo de fuga. Por tanto, sostiene el informe, los agentes activaron el protocolo de seguridad y custodia de menores y le quitaron las esposas antes de entrar a la sala para declarar como denunciante.
El juicio que la semana pasada sentó en el banquillo al monitor de un centro de menores acusado de presuntos abusos sexuales, expareja de la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra, ofreció una imagen del todo excepcional. La menor fue trasladada con las esposas y esperó en un pasillo a prestar declaración con ellas puestas.
La medida fue tan excepcional que hasta la magistrada que presidía el tribunal se disculpó y le recordó que no tenía que asumir ninguna responsabilidad por esta denuncia o juicio. Tras tener conocimiento de estos hechos, la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, encargó un informe para esclarecer lo sucedido.
Según confirmaron ayer fuentes jurídicas a este periódico, el informe se ha entregado a la Dirección General de Interior y los agentes alegan que la Policía autonómica fue alertada por el centro que la joven, que en la actualidad tiene 17 años, había manifestado su voluntad de fugarse.
De hecho, la vista se suspendió en varias ocasiones porque la menor no acudía a los juicios. No obstante, estas fuentes afirman que retenerla esposada en un pasillo a la espera de declarar choca con lo que establece el estatuto de la víctima.
El caso quedó visto para sentencia y la resolución de la Audiencia de València se conocerá en los próximos días. Durante la vista, la Fiscalía lamentó la «desprotección» de la menor durante todo el procedimiento y modificó sus conclusiones para que sea indemnizada con 6.000 euros en caso de codena.
La denunciante no ha recibido asistencia jurídica de la Conselleria en todo este tiempo pese a que está tutelada por la Generalitat Valenciana. Tampoco consta que se haya nombrado un defensor judicial para que le informara de sus derechos y acompañarla en el juicio.
Tal y como informó este periódico, el nombramiento de un defensor judicial aparece en la legislación española como una figura más que protege a los menores no emancipados. Su objetivo es servir de complemento para garantizar los derechos de los menores ante la falta de capacidad para gestionar asuntos judiciales o incluso su propio patrimonio.
Entre los supuestos en los que se hace necesaria la figura del defensor judicial, está cuando existen intereses entre el menor no emancipado y sus progenitores o tutores legales.
Además, la legislación actual prevé que se instará el nombramiento de un defensor judicial cuando los progenitores o tutores se nieguen a representar o asistir en el juicio al menor o persona con capacidad modificada judicialmente.
