Agentes de la Unidad Central Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional la salvaron. Dos hombres y una mujer se sientan mañana en el banquillo de la Audiencia Provincial de Murcia acusados de trata de seres humanos y de obligar a una joven discapacitada a ejercer la prostitución en Murcia.
Tal y como considera la Fiscalía, la víctima, una chica con discapacidad intelectual que no puede valerse por sí misma, fue traida a España desde Bulgaria por el principal acusado, con la finalidad de explotarla sexualmente.
Una vez en España (concretamente, en Murcia) los otros dos procesados (una pareja, hombre y mujer) presuntamente colaboraron con él para aprovecharse de la víctima. Lo que hacían, prosigue el Ministerio Público, era llevar a la joven en su coche a zonas apartadas de la ciudad para que allí se prostituyese. Los ahora encausados se quedaban vigilando, y era la acusada femenina la que «controlaba» a la joven «cuando contactaba con los clientes», sostiene el Ministerio Público.
Los tres se quedaban con el dinero que los clientes daban a la víctima, a la cual «llegaron a intentar vender a una tercera persona, para que fuera ésta quien la explotase sexualmente».
La Fiscalía subraya que estos hechos son constituitivos de trata de seres humanos (que se le imputa al principal acusado) y de un delito relativo a la prostitución (para los tres procesados). Así, el Ministerio Público pide para el principal procesado la pena de 14 años de cárcel (siete por cada uno de los delitos), mientras que para cada uno de los otros dos, sus supuestos colaboradores, solicita siete años. También quiere que los tres abonen una multa de 20 meses con una cuota diaria de 6 euros, y que indemnicen conjuntamente a la víctima con 18.000 euros por lo que le hicieron.
En su momento, el principal encausado, con inicial M. T. I., fue detenido en Bulgaria, donde escapó cuando el caso saltó. Se ordenó su detención internacional y lo trajeron a España, para responder ante la Justicia.
