07 de diciembre de 2019
07.12.2019

La jueza no cree al presunto asesino de Marta y lo envía a prisión por homicidio

El inculpado se negó a declarar en el juzgado y se limitó a mantener su línea de defensa pidiendo perdón por descuartizar a la joven en lugar de pedir ayuda - Los investigadores continúan buscando el cuerpo

06.12.2019 | 23:24
El presunto asesino de Marta Calvo, a su salida del Juzgado de Alzira, donde se negó a declarar.

La jueza de guardia de Alzira envió ayer a prisión sin posibilidad de fianza a Jorge Ignacio P. J., el hombre detenido por su presunta relación con el asesinato de Marta Calvo Burón, la joven de 25 años desaparecida en Manuel el pasado 7 de noviembre tras acudir con el acusado a casa de este tras una cita por internet. Como estaba previsto, la jueza dictó prisión para el imputado basándose en las cinco horas de declaración que prestó el miércoles el presunto asesino ante la Guardia Civil después de entregarse en el cuartel de Carcaixent y en el resto del atestado policial, y se ha inhibido a favor del Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira, que lleva el caso desde que la madre de Marta denunció su desaparición, el pasado 9 de noviembre.

La jueza de guardia dictó el auto de prisión tras una comparecencia que duró poco más de media hora, en la que el acusado se limitó a decir que pedía perdón «por cómo he actuado», manteniendo su línea de defensa de que no mató a Marta sino que esta murió de manera accidental por el elevado consumo de cocaína mientras mantenían sexo y que, asustado por el precedente de la chica de Russafa fallecida tras un encuentro sexual con él decidió deshacerse del cuerpo descuartizándola. A continuación, expresó su deseo de no declarar ante la jueza alegando que no era la que entendía del caso y cerró la boca.

Jorge P. J. llegó al juzgado pasadas las doce del mediodía de ayer, escoltado por dos agentes de la Guardia Civil y ocultando su rostro con la capucha del chubasquero que vestía. Apenas dos horas más tarde, volvía a salir de los juzgados de Alzira, pero esta vez de camino a la cárcel de Picassent, con el auto de prisión en su mano derecha.

Antes de su llegada, los agentes de Homicidios de la Guardia Civil de València y de la UCO habían hecho entrega a la jueza del atestado recopilado hasta ahora, incluidos los informes de los posicionamientos del teléfono móvil del inculpado que delatan sus movimientos entre el 7 y el 12 de noviembre, cuando se le perdió la pista, los primeros resultados de la minuciosa inspección ocular llevada a cabo en la vivienda de Manuel y el informe del Whatsapp de la víctima, así como las llamadas entrantes y salientes del mismo.

Pese al perdón expresado, que está en consonancia con toda la estrategia de defensa montada antes de su entrega, ni la jueza ni el fiscal han creído su versión de que se limitó a profanar el cadáver «por miedo» a las consecuencias y, teniendo en cuenta que no son los responsables de la instrucción del caso, el segundo solicitó prisión provisional y la primera lo concedió, pese a los intentos de la defensa por solicitar la libertad de su cliente.

Muchos indicios, pocas pruebas

Mientras, los investigadores continúan centrados en localizar el cuerpo de Marta, donde está encerrada la verdad de lo sucedido y cuyo no hallazgo solo favorece al detenido, ya que sin un examen forense es muy complicado probar que la mató. Hay muchos indicios, es cierto, pero pocas pruebas contundentes para armar una acusación de cara al juicio, que, tratándose de un homicidio -de momento, esa es la imputación formal-, se celebraría con un tribunal de jurado.

En contenedores de Carcaixent

Precisamente porque la confesión de que la descuartizó y arrojó en contenedores de Carcaixent y Silla solo favorece al detenido, que no ha asumido en ningún momento haberla matado, la Guardia Civil desconfía de ella y trabaja sobre la hipótesis no solo de que Jorge P. J. sí asesinó a Marta, dando un paso más respecto de la chica de Russafa, sino de que no fue ese el modo en que se deshizo del cuerpo. Pero aún faltan resultados de varias gestiones en marcha para poder acotar qué ocurrió en realidad en la mañana del 7 de noviembre en la casa que Jorge P. J., de 37 años, colombiano de Ibagué y condenado en Italia por un alijo de 9 kilos de cocaína, y que tenía alquilada en el número 9 de la calle Sant Joan Bautista de Manuel.

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