09 de diciembre de 2019
09.12.2019
Reincidente

El preso con 'instinto caníbal' confiesa que intentó degollar a una joven y violar a otra en un permiso

La Fiscalía pide veinte años y medio para el acusado, quien ya aseguró en 2007 que necesitaba «comer sangre humana»

09.12.2019 | 19:21
El acusado de intentar degollar a una joven y violar a otra.

«A veces tengo ciertas cosas que me pasan por la cabeza». Con estas vagas explicaciones David F. L., el preso con «instinto caníbal» y un trastorno de «sadismo sexual» acusado de intentar asesinar a una joven y agredir sexualmente a otra durante un permiso penitenciario, ha tratado de aclarar ante los magistrados los motivos por los que habría atacado a sus víctimas en la calle, a traición, en dos noches consecutivas en septiembre de 2018 en València.

El acusado, que se enfrenta a veinte años y medio de prisión según la petición del Ministerio Fiscal, ha reconodio los hechos en el juicio celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de València. No obstante, su defensa solicita una eximente incompleta por un trastorno de la personalidad. Sobre su imputabilidad se han pronunciado los médicos forenses, quienes consideran que aunque presenta «rasgos disfuncionales de la personalidad asociados a tendencias hacia comportamientos de sadismo sexual», el acusado no tenía alteradas sus capacidades cognitivas y volitivas en el momento de los hechos.

Los forenses sostienen que el acusado tiene una «personalidad psicopática» y padece un trastorno de «sadismo sexual»

Es más, los expertos de la unidad de psiquiatría forense del Instituto de Medicina Legal de València apuntan a una «personalidad psicopática, con una inadecuada modulación de las pulsiones y dificultades para mostrar sentimientos empáticos». Al sadismo sexual, por el que disfruta causando dolor a sus víctimas, se sumaría otra parafilia que, aunque no está recogida en el último informe, sí que mostró en el anterior juicio, donde manifestó su necesidad de «comer sangre humana».

Pese a la condena de 18 años de prisión que le impuso la Audiencia Provincial de València en 2007, por los delitos de agresión sexual y tentativa de homicidio, tras otro ataque a una mujer en el antiguo cauce del río Túria, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número uno de València, a propuesta de la Junta de Tratamiento Penitenciario de Picassent, le concedió permisos en 2018. Así aprovechando una de estas salidas, durante el fin de semana del 25 y 26 de septiembre, el acusado agredió brutalmente a una mujer de 33 años que caminaba tranquilamente por la calle Quevedo de València con los auriculares puestos.

Tras tocarle los pechos e intentar introducir su mano por dentro de la camiseta de su víctima, el agresor la golpeó brutalmente con el puño, cayendo la mujer al suelo y golpeándose la cabeza contra el asfalto, lo que le produjo un traumatismo craneoencefálico. Tras dejarla malherida huyó del lugar de los hechos.

La noche siguiente el acusado volvió a actuar, esta vez armado con cúter, con el cual cortó la garganta de su víctima, una joven de 25 años que caminaba por la calle Ángel Guimerá de València. «Había quedado con una amigas y estaba volviendo a casa». Eran las 22.30 horas. La joven, que iba mirando el móvil cuando fue atacada por la espalda, como el propio acusado ha reconocido, relata: «Noté algo en el cuello, pero pensé que era una broma. Después lo vi salir corriendo y me llevé la mano al cuello, era sangre». Una chica la auxilió y gracias a la rápida intervención logró salvar la vida.

El fiscal mantiene que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa, al apreciar la alevosía ya que "se aproximó a su víctima por detrás, de forma inesperada con la intención de acabar con su vida". Por este delito solicita catorce años de prisión. Asimismo, por el ataque a la otra mujer pide cinco años por la agresión sexual y un año y medio por las lesiones. En ambos casos concurre la circunstancia agravante de reincidencia. Por su parte, la acusación particular, ejercida por el letrado Juan Carlos Navarro, pide penas que ascienden a los 22 años a tenor de la gravedad de los hechos y exigirá responsabilidades por los permisos penitenciarios que se le concedieron siendo un riesgo público y estando todavía en tratamiento en prisión.

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