El Juzgado de Instrucción número 14 de València acordó ayer prorrogar dos años más la prisión provisional de los acusados del llamado crimen de Patraix: María Jesús M. C., Maje, y de Salvador R. L., Salva, por el asesinato del marido de ella, el ingeniero de Novelda Antonio Navarro, cometido a primera hora de la mañana del 16 de agosto de 2017 en el garaje donde aparcaban ambos sus coches, en el número 14 de la calle Calamocha, en el valenciano barrio de Patraix.

Tras acudir a la comparecencia de prisión en unos vaqueros negros, cazadora de cuero y botas altas, tras ser trasladada desde el centro penitenciario de Picassent, la presunta asesina se declaró nuevamente «inocente» y dijo que «quería salir en libertad». Su amante y presunto autor material del crimen, sentado junto a ella con apenas dos sillas interponiéndose entre ambos, no intercambio mirada alguna ni palabra con la mujer por la que llegó incluso a matar presuntamente a una persona por deseo suyo.

El fiscal y la acusación particular solicitaron al juez de Instrucción número 14 de València que prorrogue por dos años más la prisión provisional de los acusados. Solicitud, a la que se opuso la defensa de Maje, y que fue contemplada por el juez.

La ley contempla que esa privación de libertad previa al enjuiciamiento, que en este caso, al tratarse de un homicidio agravada será visto por un jurado popular, tenga un plazo máximo de dos años, prorrogable por dos años más si no ha sido posible celebrar la vista oral antes.

Maje y Salva fueron detenidos por agentes del grupo de Homicidios de la Policía Nacional de València en la mañana del 10 de enero de 2018, tras cinco meses de investigación. Si no se hubiese previsto la vistilla de ayer, fijada hace más de un mes, el juez se habría visto obligado a dejar a ambos en libertad el 9 de enero, al vencer el plazo inicial de dos años.

Tanto el fiscal del caso, Vicente Devesa, como la acusación particular, ejercida por los letrados Patricia Cogollos y Miguel Ferrer en nombre de la familia de Antonio Navarro, argumentarán que dejar en libertad a los procesados implica un riesgo cierto de entorpecimiento del procedimiento e incluso de fuga, dado que ambos se enfrentan a penas muy elevadas.