El empresario Salvador García Ros, acusado de ser uno de los instigadores e inductores del asesinato a tiros del alcalde de Polop Alejandro Ponsoda, el 19 de octubre de 2007, caso que se juzga desde este lunes en la Audiencia Provincial de Alicante, ha asegurado, a preguntas de los medios de comunicación, que afronta este juicio "con dos cojones".
El acusado, que ha hecho declaraciones a los medios durante el proceso de selección del jurado popular que juzgará el crimen, ha asegurado que desde hace 20 años no habla con Juan Cano, sucesor de Ponsoda y considerado principal inductor e instigador, a la vez que ha señalado que "le da risa el testigo protegido".
García Ros ha afirmado que la reunión en el club Mesalina, donde presuntamente se contrató a los sicarios, "nunca existió" y ha negado que hubiera tenido algún problema con Ponsoda. Sí reconoce tener "una gran amistad" con el dueño y el gerente del club.
Junto al empresario, están acusados Juan Cano, que no ha querido hacer declaraciones a su llegada a la Audiencia Provincial y otras cinco personas. El ministerio público solicita para los procesados penas que suman 181 años de prisión.
Tras la selección del jurado, este lunes está prevista la declaración de uno de los acusados de ser autor material del asesinato, Raúl Montero Trevejo.
El juicio del 'caso Polop' llega 12 años y tres meses después del fallecimiento de Ponsoda y está previsto que se desarrolle en 13 sesiones, por las que pasarán cerca de un centenar de testigos, incluido uno protegido, peritos y agentes de las Fuerzas de Seguridad.
Los siete acusados del asesinato del alcalde de Polop ya están en la Audiencia Provincial y ya ha empezado el proceso de selección del jurado que estará compuesto por 9 miembros y dos suplentes.
Una muerte por encargo
Un disparo en la cabeza acabó con la vida del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, mientras se disponía a aparcar su coche en su casa en la pedanía polopina de Xirles la noche del 19 de octubre de 2007. Los asesinos introdujeron las armas a través del hueco de la ventanilla y dispararon tres veces, huyendo del lugar. Sólo uno de los tiros le alcanzó y le dejó en estado crítico hasta que falleció ocho días después mientras permanecía ingresado en el Hospital General de Alicante. Las dos pistolas nunca se encontraron.
Trece años después, siete acusados de ser los autores intelectuales y materiales del crimen se sientan en el banquillo en un juicio con jurado popular que arranca hoy y hasta el próximo 30 de enero en la Audiencia Provincial. Una vista oral con más de un centenar de comparecencias previstas y en la que la principal prueba es el testimonio de un testigo protegido que aseguró a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que los acusados quisieron encargarle el asesinato. El crimen se habría urdido en uno de los reservados del club de alterne Mesalina durante el verano de 2007 y lo habrían perpetrado porteros del local por 50.000 euros, según esa declaración. Su interrogatorio, previsto para el jueves 16 de enero, será uno de los momentos claves de este largo proceso.
Todos los acusados, para quienes la Fiscalía y la acusación particular que ejercen las hijas de Ponsoda piden penas que suman más de 180 años de cárcel por asesinato y tenencia ilícita de armas, están en libertad y siempre han negado tener cualquier relación con la muerte de Ponsoda.
Uno de los principales encausados por el asesinato es Juan Cano, compañero de partido de la víctima (PP) y la persona que le sucedió en la Alcaldía tras su muerte. Ponsoda fue asesinado cinco meses después de haber ganado por cuarta vez y por mayoría absoluta las elecciones municipales al Ayuntamiento de Polop.
En los primeros momentos de las pesquisas, todas las opciones estaban abiertas. Descartado que el crimen fuera un atentado terrorista de ETA, siempre se consideró que se trató de un asesinato por encargo ejecutado por sicarios. La Guardia Civil abrió varias líneas de investigación. Desde vecinos que habían tenido problemas con el Ayuntamiento por una expropiación de terrenos a un móvil relacionado con su vida privada. Todas ellas fueron descartadas y desde febrero de 2008, cuatro meses después del asesinato, Cano ya era el principal sospechoso para la Guardia Civil, según revela el sumario.
La detención de Juan Cano no se produjo hasta noviembre de 2009, poco más de dos años después del asesinato de Ponsoda. Su arresto fue el último de los siete que hizo de manera escalonada la Guardia Civil durante catorce días, basándose en las declaraciones del testigo protegido, y mientras tenía intervenidos los teléfonos de todos los implicados esperando que de sus conversaciones aparecieran datos incriminatorios.
La investigación había desvelado que el PP polopino tras las elecciones de 2008, era un partido roto, con la facción afín a Cano controlando el grupo municipal y con los partidarios de Ponsoda en minoría entre los concejales.
Urbanismo en la sombra
El enfrentamiento entre el alcalde asesinado y su número dos se remontaba a las anteriores elecciones municipales de 2003. La dirección provincial del PP había relegado ese año a Juan Cano al décimo puesto de las listas, sin posibilidad de salir elegido como concejal, después de que apareciera en una grabación reclamando una comisión a un empresario. Durante los cuatro años en los que estuvo fuera del Ayuntamiento, Cano intentó seguir manteniendo el control del Urbanismo en el municipio a través de una gerencia ajena al concejal del área, Juan Andrés Llorens, algo que no consiguió debido a la oposición del edil.
El sumario señala que durante este tiempo Cano fue albergando rencor hacia el alcalde, a quien le reprochaba el no haberle defendido ante el partido durante los dos incidentes. La Guardia Civil concluyó que tras el retorno de Cano al Ayuntamiento, éste comenzó a gestar el asesinato del alcalde para sucederlo y habría sido en el club de alterne Mesalina de Finestrat donde conoció a las personas que le habrían ayudado a llevarlo a cabo.
