Los acusados de matar en 2007 al alcalde de Polop de la Marina (Alicante) han coincidido en descalificar el testimonio del testigo protegido que les incrimina, al que ven como un "fabulador" que, no obstante, sirvió para "desatascar" una investigación policial que no avanzaba por la falta de resultados.
A través de sus escritos de defensa, así lo han trasladado al jurado popular que les enjuicia desde hoy y durante las tres próximas semanas en la Audiencia Provincial de Alicante los siete acusados del asesinato de Alejandro Ponsoda (PP) cometido el 19 de octubre de 2007: cuatro como cabecillas e inductores y tres como autores materiales de los disparos.
El considerado por la fiscalía como principal inductor, el sustituto del fallecido Alejandro Ponsoda (PP) en la alcaldía, Juan Cano, ha señalado que la víctima había estado en una sauna de Benidorm en la tarde del homicidio y también que padecía la enfermedad del Sida y la sífilis.
No obstante, ha repetido que "no es cierto" que sintiera hacia él "animadversión o rencor" alguno y ha recalcado que en los últimos años había colaborado con él tanto en el ayuntamiento, como su primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, como en el PP local.
También ha rechazado, tal y como sostiene la fiscalía, que su supuesta enemistad se hubiera fraguado en 2003 cuando quedó relegado en la lista electoral, con el argumento de que en aquella decisión no tuvo participación Ponsoda sino la dirección provincial del partido, y ha añadido que el equívoco que le postergó en esa candidatura se subsanó en las elecciones de 2007 al situarle como número dos del alcalde.
Del mismo modo, Cano ha subrayado que no tuvo relación con el resto de acusados y que solo conocía mínimamente al empresario Salvador R.G. por ser vecino de la población.
En su escrito, este empresario ha acusado al testigo protegido de "fabulador" y de "infinidad de contradicciones" antes de opinar que su testimonio llegó tras dos años de investigación policial sin resultados.
En este "escenario inadmisible para quien resuelve un asesinato" apareció, ha proseguido Salvador R.G., este "conocido confidente de otros cuerpos de policía" ofreció "una solución engañosa" que dio unos "cabezas de turco para justificar la investigación que no había sabido aclarar el asesinato de todo un alcalde".
El escrito del gerente del club de alterne Mesalina, donde supuestamente se gestó el crimen, Ariel Alberto G., ha señalado que este testigo "con múltiples antecedentes" y "conocido por sus trapicheos" les ha implicado falsamente pese a su "nula credibilidad" dentro de una "fábula bien inventada".
Entre las falsedades que, según su visión, ha ofrecido ha citado que dice que escuchó cómo se fraguaba el crimen en 2007 cuando, según se demuestra por su vida laboral, este testigo no empezó a trabajar en el Mesalina hasta julio de 2008.
Uno de los supuestos sicarios, Raúl M., ha manifestado que el testigo protegido ha vertido "mentiras en su declaración a cambio de muchos beneficios" y ha destacado que la investigación no halló ni las armas utilizadas ni huellas dactilares que incriminen a los acusados.
Los otros dos presuntos sicarios, los checos Robert F. y Radim R., también han desmentido su implicación y han coincidido en que nunca han disparado ni estado en el lugar de los hechos, la pedanía de Xirles donde vivía el alcalde de Polop.
Pese a estos testimonios exculpatorios, la fiscal del caso ha insistido en otorgar credibilidad en la declaración del testigo protegido, del que ha dicho que en el momento de los hechos se dedicaba a cobrar deudas.
Ante el jurado popular, ha asegurado que el testigo protegido no ha ganado nada por su declaración sino que simplemente se ha acogido a los beneficios que recoge la ley para los testimonios que son susceptibles de amenazas, y ha indicado que el testigo ha sido amenazado por su colaboración con los investigadores y que, incluso, ha tenido que "rehacer" su vida fuera de su localidad de residencia, Benidorm.
Ha achacado el crimen a la animadversión que había causado en Cano y el empresario Salvador R.G., especialmente, por razón de su cargo al frente del ayuntamiento.
La representante del ministerio público ha mantenido la petición de 25 años de prisión (27 en el caso de los tres sicarios al sumar tenencia ilícita de armas) para los acusados y una indemnización de 120.000 euros para cada una de las dos hijas del fallecido, así como el pago de 3.555,03 euros a la Agencia Valenciana de la Salud por los gastos de los 8 días que Ponsoda estuvo hospitalizado hasta que murió por las complicaciones del disparo recibido en la cabeza.
