15 de enero de 2020
15.01.2020
Tribunales

Los presuntos sicarios del crimen del alcalde de Polop denuncian presiones de la Guardia Civil para implicar a Cano

Los acusados de ser los autores materiales de los disparos que mataron a Alejandro Ponsoda niegan que tuvieran acceso a armas de fuego

15.01.2020 | 01:03
Panorámica de la sala de vistas con los abogados y sus clientes sentados tras ellos en segunda fila en el estrado ayer al inicio del juicio. INFORMACIÓN

Los tres acusados de ser autores materiales del asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, denunciaron ayer en el juicio presiones de la Guardia Civil para que implicaran en los hechos a Juan Cano, el sucesor de la víctima al frente del Ayuntamiento. Los tres procesados a los que se le imputan los disparos que acabaron con la vida de la primera autoridad polopina son el español Raúl Montero y los súbditos checos Radim Rakowski y Robert Franek. Según su versión, ni les encargaron el asesinato, ni llegaron a conocer a Cano antes de estos hechos, ni tenían acceso a armas en el mercado negro.

La Fiscalía y la acusación particular que ejercen la dos hijas del primer edil tiroteado les acusan de asesinato y tenencia ilícita de armas y les piden penas que suman hasta 27 años de cárcel para cada uno. Para hoy está previsto el interrogatorio de los cuatro acusados de ser autores intelectuales del crimen, el exalcalde de Polop Juan Cano, el empresario de tiendas de calzado Salvador Ros y los responsables del club de alterne Mesalina de Finestrat, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto.

La investigación les sitúa como personas que trabajaban como porteros en club de alterne y a quienes a veces contrataban para cobrar deudas y con facilidad para conseguir armas ilegales, ya que en su día fueron arrestados por delitos relacionados con el depósito de armas de fuego. Raúl Montero fue condenado por hechos ajenos a este crimen a cinco años de cárcel por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en diciembre de 2009 después de que se le intervinieran cinco pistolas y dosis de MDMA y cocaína ocultos en un coche; mientras que en el piso de Paterna donde residían los checos se intervinieron pistolas simuladas, escopetas y abundante munición. Montero aseguró ayer que las armas halladas estaban inutilizadas y eran de coleccionista; y los dos checos aseguraron que el arsenal de Paterna pertenecía a otros compañeros del piso y que ellos ignoraban que estuviera allí, motivo por el que el juzgado archivó esa causa.

Aunque Raúl Montero llegó en su día a implicar a otros acusados en los hechos y dijo que Salvador Ros le propuso en varias ocasiones que matara a Alejandro Ponsoda, ayer se desdijo de todo y aseguró que todo lo que declaró en sus primeras comparecencias fue fruto de las presiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el grupo de élite de la Benemérita que ha llevado la investigación. «Me han hecho la vida posible y me han amenazado a mi y a mi familia», aseguró ayer durante el juicio. «Si he podido decir algo en el pasado que perjudicara a otras personas fue porque estaba amenazado» y los agentes le dieron «una historia prefabricada» en la que le dictaban lo que debía responder «si quería que su vida en la cárcel fuera más fácil». En estas presiones, los agentes le llegaron a poner la foto de Juan Cano delante para que lo señalara, dijo.

Montero negó haber huido de Benidorm de manera precipitada después de la muerte de Ponsoda, tal como sostienen los investigadores y aseguró que en aquella época comparecía dos veces a la semana en el juzgado de Benidorm que le tenía imputado por tráfico de armas. Una de esas comparecencias se hizo el mismo día en que dispararon a Ponsoda en la puerta de su casa en la pedanía polopina de Xirles, el 19 de octubre de 2007. Montero aseguró que en 2008 se marchó de vuelta a Coria, su pueblo en Cáceres, y dijo que no estaba escondido. «Tenía el cuartel de la Guardia Civil a 150 metros de mi casa. Fue la UCO los que vinieron a amenazarme», aseguró.

Visitas de la UCO en prisión

Por su parte, los dos ciudadanos checos aseguraron que el día del crimen estaban en Chueca en casa de un amigo y que jamás habían estado en Xirles ni en Polop, ni sabían nada del asesinato del alcalde. Franek y Rakowski trabajaban como porteros en clubs de alterne de La Estrada, entre Benidorm y l'Alfàs, alguno de ellos regentado por el mismo gerente del club de alterne Mesalina. Rakowski aseguró que ni vendió armas, ni se encargó del cobro de deudas, ni cobró dinero alguno por el asesinato. De hecho, mantuvo que cuando el juzgado le puso una fianza para poder salir, no pudo pagarla porque no tenía dinero pese a que de 30.000 a 1.500 euros. Según su versión, el día de su arresto los agentes de la UCO le rodearon y le pusieron una pistola en la cabeza, motivo por el que se negó a declarar ante ellos. Posteriormente en prisión, los guardias civiles fueron a visitarle para presionarle para que implicara a Juan Cano.

En la misma línea, Robert Franek aseguró que los agentes de la UCO llegaron a interrogarle sin abogado y que llegaron a tenerle días sin comer y diciéndole «eres un puto asesino, no vales para nada». Más tarde fueron a verle a prisión para reclamarle que implicara a otros. Franek aseguró que en 2008 estuvo trabajando de portero en el Mesalina, donde coincidió con el testigo protegido que ahora le implica en el asesinato, y que llegó a mantener una relación con la novia de éste. «Si él llegara a enterarse estoy seguro de nos hubiera agredido», dijo.

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