Desde el inicio de la investigación del asesinato del alcalde de Polop, la Guardia Civil tenía claras dos premisas: se trató de un crimen por encargo y el principal sospechoso era Juan Cano. Así lo declaró ayer en el juicio por el crimen de Alejandro Ponsoda uno de los agentes del equipo de élite de la Benemérita (la Unidad Central Operativa, UCO) que asumió el caso y que formó parte de las pesquisas durante el primer año.

Las defensas pretendían con su testimonio poner en evidencia todas las líneas de investigación descartadas en su día por los agentes, pero el funcionario fue contundente al asegurar que dichas líneas se aparcaron porque «fueron cayendo por su propio peso». Alejandro Ponsoda murió tras ser tiroteado en octubre de 2007 a las puertas de su casa. La investigación apunta a un crimen con sicarios encargado por el sucesor de Ponsoda en la alcaldía del municipio.

Si el responsable de la investigación expuso el viernes los motivos por los que se descartó un móvil, pasional o relacionado con la vida íntima del acusado, el testigo de ayer se detuvo un poco más en las supuestas amenazas recibidas por la víctima por vecinos afectados por alguna expropiación de terrenos por parte del Ayuntamiento. «Nadie encarga un asesinato porque le vayan a expropiar un suelo. En todo caso se trataría de un crimen cometido en un arrebato. Aquí había planificación», explicó. «En aquellos días se miró absolutamente todo, unas líneas de investigación prosperaron, otras no. Se habló con todos los vecinos, puerta por puerta», aseguró.

El agente señaló que en esas primeras declaraciones se iban encontrando con numerosas declaraciones de vecinos que habían presenciado alguna escena en la que Juan Cano trataba de manera despectiva a Alejandro Ponsoda. «Todos los caminos llevaban a Cano», aseveró.

Año 2003, inicio de todo

«El año 2003, (en el que Cano fue relegado en las listas al Ayuntamiento de Polop al ser denunciado por un presunto cobro de comisiones), fue el comienzo de todo», explicó en alusión al resentimiento que el acusado sentía por Alejandro Ponsoda, «él tenía sus planes y se le chafaron».

Este investigador fue asignado a un nuevo destino antes de que sus compañeros localizaran al testigo protegido cuyo testimonio es el que ha sentado a los siete acusados en el banquillo. El agente admitió que si al año de pesquisas no habían arrestado a Cano como presunto autor intelectual del crimen era porque entonces no había suficientes elementos de peso contra él.

Ayer declaró otro de los agentes que participó en la investigación y que se encargó de tomar declaración al testigo protegido. Según su relato, este confidente fue el que les dijo que el asesinato habría sido cometido por Raúl Montero y los ciudadanos checos Radim Rakowski y Robert Franek.

Dicho testigo identificaba al director de una sucursal bancaria, en alusión a Juan Cano, como la persona que encargó el crimen en una reunión en la que también estuvieron presentes el propietario y el gerente del club, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto respecticvamente, así como el empresario Salvador Ros.

Este agente aseguró que los investigadores constataron que tras el asesinato, el sospechoso Raúl Montero «desapareció de la zona de Benidorm».

Según su relato, la pareja de Raúl les contó que en fechas coincidentes con las del crimen éste «se presentó muy nervioso y sudoroso tras haber pasado la noche fuera de casa y diciendo que tenían que marcharse», relató. Esta testigo, que trabajaba en el club de alterne, no ha podido ser localizada para testificar.

Del mismo señaló que las pesquisas realizadas les permitieron situar a Montero con los dos súbditos checos. «Fueron detenidos los tres juntos en una ocasión», a lo que añadió que en un domicilio de Paterna, en el que llegaron a vivir Rakowski y Franek, se intervino munición compatible por calibre y por marca con las usadas para disparar a Ponsoda.