La falta de sintonía y de colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Nacional en el caso Marta Calvo, a raíz de los encontronazos de las primeras semanas que siguieron a la desaparición de la joven, tal como reveló Levante-EMV, ha vuelto a ponerse de relieve en la investigación contra Jorge Ignacio P. J., presunto autor de las muertes de Marta, de Arliene Ramos y de Lady Marcela, y de la presunta intoxicación y agresión sexual de al menos otras seis mujeres que ya han prestado declaración en la causa judicial que se sigue contra el sospechoso en Alzira.
El último tropiezo, que ha obligado a la Fiscalía a solicitar auxilio judicial para realizar una prueba de ADN, está relacionado con la investigación por la muerte de Lady Marcela Vargas, una chica colombiana de 26 años cuyo cadáver fue encontrado el 15 de junio de 2019 en un piso de la avenida de la Plata, en València, utilizado en ese momento como casa de citas. Este es uno de los dos casos que se atribuyen policialmente a Jorge Ignacio P. J. en investigaciones que está llevando Homicidios de la Policía Nacional al margen de la que sigue la Guardia Civil en el caso de Marta Calvo.
Establecer la relación de esta muerte con Jorge Ignacio P. J. no ha sido posible hasta que se destapó su presunta implicación en el homicidio de Marta Calvo y las coincidencias hicieron saltar las alarmas, exactamente lo mismo que sucedió en el caso de la brasileña Arliene Ramos, muerta el 3 de abril anterior, 9 días después de su encuentro sexual con el sospechoso en otra casa de citas del barrio valenciano de Gran Vía.
En el caso de Lady Marcela, la Policía Nacional trató el caso como un homicidio desde el primer momento. Y como tal, se recogieron numerosas muestras en el piso, incluidas las obtenidas en un preservativo, que permitieron extraer un perfil genético. El laboratorio de ADN de la Jefatura Superior de Policía de València introdujo los perfiles en la base nacional de ADN, común a la Policía y a la Guardia Civil, pero no hubo ninguna coincidencia.
Ni entonces (aún no se disponía del ADN de Jorge Ignacio P. J. porque no se había producido la muerte de Marta ni la detención del sospechoso), ni ahora, cuando se supone que el ADN del presunto asesino ya debe estar incorporado a esa base de datos.
El teléfono lo sitúa en el lugar
Sin embargo, la Policía Nacional dispone ahora de indicios que lo incriminan en la muerte de Lady: en diciembre, cuando Jorge P. J. acababa de ser detenido y ya había trascendido su implicación en otros casos, Homicidios de la Policía Nacional recibió el análisis del teléfono utilizado por el último hombre que se había citado con ella.
El sospechoso pactó por Whatsapp el encuentro con ella en València. El estudio de los repetidores sitúa al hombre que wasapeó con la chica primero en l'Olleria, precisamente el municipio donde residía Jorge Ignacio P. J., y después, en el entorno de la avenida de La Plata, exactamente en las horas en las que se produjo ese encuentro y la muerte de Lady Marcela.
A pesar de esa evidencia, el perfil genético anónimo obtenido en la habitación de la víctima, y que la Policía ya había introducido en su momento en la base de datos conjunta, seguía sin dar coincidencias pese a que en este momento ya se dispone del ADN del sospechoso.
Ese hecho puede tener dos explicaciones: o bien Jorge Ignacio P. J. no es el dueño del perfil hallado en el dormitorio de Lady Marcela (eso tampoco descartaría por completo su implicación; solo indica que el preservativo fue utilizado por otro hombre distinto en una posible relación anterior) o bien la Guardia Civil no ha introducido aún el marcador genético del presunto asesino en la base de datos (el retraso puede obedecer a simples cuestiones de procedimiento).
Así las cosas, y ante la posibilidad de que el ADN de Jorge Ignacio P. J. no esté subido, efectivamente, a la base de datos, los investigadores de Homicidios de la Policía Nacional han solicitado al juez de Instrucción número 20 de València, responsable de la causa que se sigue por la muerte de Lady Marcela, que les autorice a extraer una nueva muestra biológica al sospechoso, en prisión desde el pasado 6 de diciembre.
Demanda de auxilio judicial
Y es en este punto donde el fiscal, consultado por el juez, ha decidido intentar poner orden ante la posibilidad de que la situación sea producto de la falta de colaboración entre ambos cuerpos policiales en este caso criminal. Así, el fiscal ha recurrido a la fórmula del auxilio entre juzgados para solicitar a la jueza de Instrucción número 6 de Alzira, que lleva el caso de Marta, que inste a la Policía Judicial que investiga esa muerte, esto es, a la Guardia Civil, «para que incorpore a la base de datos las muestras de ADN del sospechoso», que «se habrán obtenido con total seguridad en la investigación de la muerte de Marta Calvo Burón, aunque no se hayan subido» a ese registro nacional de perfiles biológicos.
Ante la posibilidad de que esta petición de auxilio judicial no redunde en la situación deseada, esto es, que la Guardia Civil o bien envíe el perfil del sospechoso directamente al laboratorio de ADN de la Policía para realizar el cotejo con las muestras tomadas en la inspección ocular del piso de la avenida de La Plata, o bien comparta ese perfil introduciéndolo en la base de datos, el fiscal, cuya pretensión es evitar duplicidades, se ve obligado a dejar una puerta abierta.
En este sentido, afirma que «para el caso de que no hubiera la más mínima colaboración entre fuerzas policiales», sería necesario que el juez de Instrucción número 20 de València autorizase a la Policía Nacional para trasladarse al centro penitenciario de Picassent, en el que está preso Jorge Ignacio P. J., para que se le tome una nueva muestra biológica de la que obtener, otra vez, su ADN con el fin de que se haga el cotejo entre el perfil indubitado (el que se le toma al investigado) y el hallado en el preservativo.
