Las defensas de los siete acusados del caso de asesinato del alcalde de Polop solicitaron ayer a la magistrada que disuelva al jurado y absuelva a los siete acusados por falta de pruebas. Una petición que fue rechazada por la juez María Cristina Costa porque entiende que no se dan los requisitos que prevé la Ley, ya que no existe una ausencia total y absoluta de pruebas.

La Fiscalía remarcó que pese a que no hay una prueba directa, y que no se ha encontrado el arma, «sí hay una pluralidad de indicios y el testimonio del testigo protegido», que trabajó de portero en el club Mesalina, lugar donde presuntamente se urdió el crimen. En sus conclusiones finales la fiscal insistió en que el principal acusado, Juan Cano, es «el único autor intelectual posible» del asesinato, por lo que mantiene los 25 años de prisión que le solicitaba.

Según fiscal y acusación particular, Alejandro Ponsoda fue tiroteado en la cabeza a las puertas de su domicilio, en «un ataque sorpresivo» del que «no tuvo capacidad de defenderse». Para la acusación pública ha quedado probado que Juan Cano, el empresario Salvador Ros y los dueños del Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Gato, acordaron el asesinato en el interior del local de alterne, «el peor de los ámbitos delincuenciales, según la UCO».

Las acusaciones, que sostienen que el objetivo era que Cano se hiciera con la Alcaldía, afirmaron que fue «un tiro por encargo», y se pagó a los autores materiales, Raúl Montero, Robert Franek y Radim Rakowski, que «solo lo hicieron por enriquecerse», ya que no conocían al entonces alcalde de Polop.

La fiscal pidió al jurado que contemplen el contexto, que los hechos sucedieron hace diez años y que Cano, considerado principal inductor, sigue paseando por Polop tras «insultar» y «enfrentarse» a los miembros de la Guardia Civil, y amenazar a testigos y familiares, según se ha podido escuchar durante el juicio.

Asimismo, destacó que las detenciones se produjeron dos años después del asesinato, a la vez que negó que existiera presión para que la UCO cerrara la investigación en falso. Así, defendió que se investigó todo, «las amenazas de los vecinos y la vida personal» de la víctima.

Ministerio fiscal y acusación particular sostienen que había una «planificación» ya que, a partir de 2003, pese a que Juan Cano se queda fuera del Ayuntamiento, intenta mantener el control de Urbanismo, apoyado por el testimonio de Juan Andrés Llorens, con el que se ha demostrado, asegura la fiscal, que la actitud de Cano en el Ayuntamiento hasta 2007 «no era una colaboración», sino un «intento de golpe de Estado».

En cuanto a los intermediarios, las acusaciones aseguran que a Cano se le ha situado en varias ocasiones en el club Mesalina en compañía de los responsables, Hermosilla y Gatto, y del amigo íntimo del exconcejal, el empresario Salvador Ros al que Raúl Montero, uno de los presuntos autores materiales, le vendió un arma.

Respecto al testigo protegido, señalan que ha quedado demostrado que en 2007 era portero del Mesalina y que, según ha declarado en Instrucción, Juan Cano, en una reunión en la sala VIP, le encargó el asesinato de Ponsoda y que él se negó.