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Campaña de control

Guerra sin cuartel a las drogas entre rejas

Funcionarios que trabajan en la prisión de Picassent han detenido a un total de once familiares de reclusos por llevarles droga durante este inicio de año, un tercio más que la media mensual registrada durante 2019

Guerra sin cuartel a las drogas entre rejas

Un cartel cuelga en la sala de espera para familiares y amigos que aguardan a verse en un encuentro vis a vis con sus parientes internos en el centro penitenciario de Picassent. Contiene un código QR. Los curiosos que lo visualicen en su teléfono móvil se toparán con un mensaje que, cuanto menos, impresiona: «¡Me mató la droga que me pasaste!». Y no es todo, la cartelería refleja un muerto sobre una mesa de autopsias debajo de la cual un mensaje reza «tu próxima visita podría ser en el cementerio». Al lado, sentencia con iconos: «Si introduces droga en la prisión: sobredosis y muerte (con una calavera); te prohibirán las comunicaciones; te sentirás culpable de su muerte (con un ataúd); provocarás amenazas y presiones (un puño impactando); y está penado por la ley».

Instituciones Penitenciarias ha seguido la polémica estela del director general de Tráfico, Pere Navarro, y sus impactantes y abruptos (pero efectivos) mensajes para frenar la siniestralidad en las carreteras como fuente de inspiración de la campaña puesta en marcha a finales del año pasado para frenar el uso de drogas dentro de las cárceles.

Pero, además, ha incrementado los controles en el principal punto de entrada de tóxicos a las prisiones: los encuentros vis a vis, tanto íntimos como familiares, que se producen en las salas de comunicaciones (la segunda vía son los reclusos que regresan de un permiso y vuelven 'cargados'). Y en la de Picassent, la campaña, está funcionando.

Así, en las primeras cinco semanas de 2019, los funcionarios de Prisiones, en ocasiones con la colaboración del servicio cinológico de la Guardia Civil y sus perros adiestrados en la detección de estupefacientes, han detenido a once familiares o allegados que llevaban droga para un interno y han realizado 19 incautaciones de todo tipo de sustancias.

Dicho así, parece poco, pero no lo es. Supone un incremento del 30 por ciento, esto es, un tercio, sobre la media mensual de 2019. En otras palabras, si se mantienen las cifras, en 2020 se habrá reducido en una tercera parte la droga que entra en prisión y que no solo es foco de conflictos entre internos (el mercadeo lleva a amenazas, presiones, robos y agresiones entre ellos), sino que dificulta la reeducación de los internos y compromete severamente los programas de deshabituación. Y mata.

En 2018, ese centro penitenciario registró siete bajas por fallecimiento. En 2019, con un incremento del 40 % en el número de incautaciones y de un 81 % en el de detenidos, las muertes se redujeron a dos en todo el año.

La reacción adversa a las drogas, como causa directa de muerte, aparece en 53 fallecimientos ocurridos en centros penitenciarios de toda España el año pasado. Es la segunda causa de muerte, por detrás de la provocada por razones naturales, término que esconde enfermedades que, en muchas ocasiones, o van ligadas o se ven agravadas por el consumo de estupefacientes.

Es más, de todos los internos fallecidos en 2018, un 16,3 % murió tras regresar de un permiso o después de haberse comunicado con familiares en un vis a vis. Un año más tarde, en 2019, ese porcentaje se había elevado hasta el 20,5 %.

Esa fue la principal señal de alerta que llevó a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a potenciar la represión de la entrada de estupefacientes en las cárceles mediante la actual campaña, como una de las vías para controlar la demanda de drogas (es necesario recordar que la gran mayoría de las personas que llegan a prisión lo hacen siendo ya consumidores de una o más sustancias).

Las terapias, una de las claves

La otra pata sobre la que se sustenta el plan para reducir la demanda la forman, precisamente, los programas de deshabituación a las drogas, en manos de las áreas de tratamiento y sanitaria, distribuidas en cuatro unidades terapéuticas. En la sanitaria, los internos (son, en su inmensa mayoría hombres quienes siguen 'enganchados') reciben metadona como ayuda a la desintoxicación. En este momento, hay 132 reclusos en Picassent dentro de este plan.

Además, están los sometidos a programas terapéuticos de deshabituación (muchos forman parte de ambas comunidades), que llevan no solo trabajadores de la prisión, sino, sobre todo, asociaciones externas y organizaciones no gubernamentales. Todos los planes son voluntarios (hay 173 reclusos en este momento), y entrañan compromiso de enmienda.

El más duro es de Proyecto Hombre. Ningún preso o presa con menos de dos años de condena puede entrar en el programa, porque las terapias son de largo recorrido. Y si alguien da positivo a consumo de drogas en los controles periódicos es expulsado del plan hasta que demuestre que está 'limpio'.

Por contra, la confiaza en ellos es total. Tanto, que los 37 participantes son 32 hombres y 5 mujeres que conviven las 24 horas en el módulo terapéutico mixto que comparten plenamente. Eso sí, hay una excepción: los condenados por delitos contra la libertad sexual pueden participar en el programa, pero, por las noches, regresan a su módulo.

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