El presunto asesino de Marta Calvo y de Lady Marcela Vargas ha vuelto a ser incluido en el programa de prevención de suicidio (PPS), solo un día después de que se le retirase la protección, ya que ni el psiquiatra, ni el médico, ni los funcionarios que le tratan a diario habían observado ninguna razón para mantenerlo bajo vigilancia al no manifestar ni uno solo de los síntomas que anuncian que fuera a atentar contra su vida. La decisión de retornarlo al programa se ha visto forzada por la petición del propio recluso, formulada tras un encuentro con su abogado, después de que solicitase ver al médico alegando, dijo, tener de nuevo ideas suicidas.
Tal como publicó en exclusiva Levante-EMV, a Jorge Ignacio P. J. no se le incluyó en el PPS nada más ingresar en prisión, el pasado 6 de diciembre, porque de la entrevista y la exploración médica a las que fue sometido al llegar a la cárcel no se dedujo que reuniese ninguno de los parámetros.
Eso sí, debido a que estaba acusado de un delito de «gran repercusión mediática», se le mantuvo en uno de los módulos de la enfermería destinados a hombres, pero no porque requiriese tratamiento sanitario alguno o se temiese por su vida, sino simple y llanamente por su seguridad, ya que su imagen había sido ampliamente difundida en los medios de comunicación y se buscaba evitar cualquier conflicto.
El 12 de enero, fue visto en su consulta por el psiquiatra de la cárcel, quien decidió darle el alta en enfermería y no aplicarle el programa de prevención de suicidios porque el propio Jorge Ignacio P. J. le dijo al especialista que afrontaba este periodo en la cárcel como los dos anteriores (uno en Italia y otro en Pamplona), esto es, «sin ideas de autolisis (suicidio)».
El psiquiatra agregó en su informe que «no evidenciaba síntomas psicóticos a lo largo de la entrevista» pese a que dijo haber estado consumiendo «grandes cantidades de cocaína» antes de entrar en prisión, y tampoco «ánimo deprimido mayor», el estado propio de quien se va a suicidar, ni tampoco «repercusión emocional». Solo manifestó «quejas habituales de ansiedad en el contexto en el que está», explicaba el psiquiatra, por lo que le recetó un ansiolítico para que pudiera dormir, ya que dijo tener problemas de insomnio por «miedo a que le ocurriese algo».
Con el alta en la enfermería, llegó el traslado a un módulo normal. Duró tres días y una entrevista con su abogado. Nada más producirse esta, reclamó que lo viera de nuevo un médico porque, anunció, tenía repentinas «ideas de suicidio».
La médica que lo visitó optó por integrarlo en el PPS, pero anotó apenas un par de frases muy elocuentes: «Lo veo en sala de curas y me confirma que se quiere autolesionar. No veo ningún síntoma sugerente de ansiedad, solamente frialdad emotiva».
El lunes pasado, la subdirección médica revisó de nuevo su caso y decidió sacarlo del PPS y de la enfermería porque no había riesgo de suicidio ni necesitaba atención médica alguna. Y se decidió enviarlo a un módulo común.
Sin embargo, esa misma mañana se produjo la visita de los agentes del grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que se desplazó a la cárcel para informarle de que quedaba detenido y acusado de la muerte de Lady Marcela Vargas y del intento de homicidio de otra chica. Jorge Ignacio P. J. se acogió, una vez más, a su derecho a no declarar y estuvo asistido por su abogado particular. Justo después, volvió a decir que sentía deseos de suicidarse, lo que provocó una nueva visita médica, tras la cual volvió a ser inscrito en el PPS y regresar, como quería, a la enfermería.
