El Ministerio de Igualdad, a través de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, presentó ayer, lunes, una denuncia ante la Fiscalía para delitos de odio y discriminación de Alicante por el ataque homófobo de un policía local de Benidorm a una mujer trans, ataque que fue grabado por su compañero mientras estaba sentado al volante del coche patrulla y que luego fueron difundidas. Los dos agentes fueron suspendidos de empleo y sueldo el mismo día que día que trascendió el vídeo, el viernes pasado, y el presunto autor de los insultos y vejaciones fue detenido por un delito de odio.
Con esta denuncia, Igualdad se suma a la presentada por el Observatorio contra la LGTBIfobia de la C. Valenciana, tal como publicó Levante-EMV, así como la actuación de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, cuya responsable, Gloria Calero, dio instrucciones para que se investiguen los hechos.
En un comunicado hecho público esta mañana, el ministerio de Irene Montero asegura que "la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI deplora profundamente la humillación que esta mujer sufrió por parte de unos agentes cuya función es, precisamente, defender sus derechos, entre el que se encuentra el de ser tratada con respeto y acorde a su identidad de género" y argumenta que la decisión de presentar una denuncia formar ante la Fiscalía obedece a su intención de "reforzar" la acción ante este ataque de claros tintes tránsfobos, agravado porque quien supuestamente lo comete son dos agentes de policía.
Los hechos, que fueron grabados con un móvil por otro policía municipal a escondidas y sin que la mujer trans fuese consciente de ello, fueron difundidos y rápidamente se convirtieron en virales, lo que podría ser constitutivo de delito de odio y contra la integridad moral.
Igualdad subraya que la transfobia "no puede tener cabida en nuestro país" y recuerda que la identidad de género de las personas es un derecho fundamental protegido por la Constitución.
Además, agradece "la pronta y decidida respuesta" tanto de la Generalitat -la conselleria de Justicia de Gabriela Bravo ordenó a la policía autonómica que abriese una investigación de manera inmediata- como del Ayuntamiento de Benidorm por la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión provisional de funciones de los dos agentes que intervinieron en los hechos ampliamente difundidos en distintas redes sociales.
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