La UTE de empresas que explota el vertedero de Dos Aguas reclama al juzgado que le paguen 132.000 euros en concepto de gastos por los trabajos realizados hasta ahora en ese recinto para tratar de localizar los restos de Marta Calvo, la joven presuntamente asesinada el 7 de noviembre pasado en Manuel por Jorge Ignacio P. J., en prisión provisional por estos hechos desde el 6 d diciembre pasado.
La empresa ha enviado al juzgado una factura inicial por importe de 132.000 euros en los que desglosa los gastos entre el alquiler de las máquinas excavadoras y camiones empleados en la remoción de los residuos extraídos de la planta y los salarios de los trabajadores destinados a esa tarea desde que comenzó la búsqueda, en enero pasado.
Desde que el juzgado autorizó los rastreos en el vertedero, donde supuestamente habrían ido a parar parte de los restos de la joven si es que su presunto asesino dijo la verdad cuando declaró haber descuartizado el cuerpo y haberlo diseminado en seis bolsas distintas en contenedores de basura de Alzira y Silla, la Guardia Civil pactó con la empresa que explota el recinto de tratamiento de residuos la cesión de maquinaria y operarios para extraer las miles de toneladas de desechos y tierra compactados donde en teoría deberían encontrarse esos restos.
Fueron, de hecho, los responsables del vertedero quienes fijaron en qué punto era más probable que estuviesen los restos, a partir de la información facilitada por Jorge Ignacio P. J. en su única declaración hasta el momento, la realizada ante la Guardia Civil y su abogado en el cuartel de Carcaixent horas después de entregarse en esas dependencias policiales en la madrugada del 4 de diciembre, casi un mes después del homicidio de Marta, declaración que los investigadores de Homicidios de la Guardia Civil de València y de la UCO ponen en cuarentena dada la multitud de incorrecciones y contradicciones en las que incurrió.
De momento, el juzgado no se ha pronunciado sobre el pago de ese dinero ni el de los futuros gastos que genere la búsqueda de Marta, que aún se prolongará por espacio de varios meses, ya que todavía no se ha llegado al punto 'caliente' en el que probablemente estarían los restos de la chica.
Jorge Ignacio P. J. está acusado no solo del homicidio de Marta, sino del de otras dos mujeres muertas tras sendos encuentros sexuales con el acusado. La primera de ellas, Arliene Ramos, brasileña, falleció el 3 de abril del año pasado, después de una cita con Jorge Ignacio P. J. el 25 de marzo. La segunda, Lady Marcela Vargas, colombiana, murió en una casa de citas de la avenida de la Plata de València tras otro encuentro sexual con el acusado en la madrugada del 15 de junio de 2019.
Además, la Guardia Civil le considera responsable de al menos otros siete delitos de agresión sexual cometidos con otras tantas mujeres a las que habría administrado cocaína en grandes cantidades durante encuentros sexuales pactados, entre finales de 2018 y noviembre pasado.
Por otro lado, el padre de Marta Calvo ha solicitado a la jueza de Instrucción número 6 de Alzira, a través de su abogada, un informe pericial que documente precisamente esa práctica presuntamente realizada por Jorge Ignacio P. J. Es decir, el padre pretende conocer con datos científicos el mecanismo que produce la muerte o el desvanecimiento, en el caso de las siete mujeres que sobrevivieron a Jorge Ignacio P. J., en el caso de la administración de cocaína por vía vaginal y anal y cómo se traduciría eso en los niveles postmortem.
La diligencia es importante porque documentaría con datos objetivos cómo se produjeron los episodios que llevaron a la muerte a Marta, Arliene y Lady Marcela, dado que de estas dos últimos constan en los respectivos sumarios las cuantías de cocaína detectadas en sus organismos a partir del análisis de los tejidos durante las autopsias.
Así mismo, el juzgado dispone ya de la historia clínica completa de Jorge Ignacio P.J., remitido por el Hospital La Fe, que había solicitado su abogado defensor para argumentar que su trastorno de personalidad deriva de un accidente ocurrido en su infancia por el que llegó a estar en coma. Sin embargo, el rastro homicida del acusado no aparece, por los datos reunidos hasta ahora por los investigadores, hasta hace poco más de un año.
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