La madre de Marta Calvo ha pedido que se unifique en un solo juzgado la investigación de los tres homicidios que se le imputan al presunto asesino de su hija, Jorge Ignacio P. J., así como de las siete agresiones sexuales a otras tantas mujeres que sobrevivieron a encuentros sexuales con él.

Se le daría así al acusado consideración judicial de delincuente en serie, ya que los diez delitos graves -tres asesinatos y siete violaciones- por los que se le investiga tienen un único presunto autor, él, una ocurrencia en el tiempo que los conecta -todos los hechos suceden en el plazo de un año- y un mismo modus operandi: las tres chicas muertas y las siete supervivientes fallecieron, entraron en coma o sufrieron desvanecimientos tras administrarles el ahora investigado supuestamente grandes cantidades de cocaína por vía genital en contra de su voluntad durante citas sexuales pactadas.

El escrito, dirigido a la jueza de Alzira, responsable hasta ahora de la investigación por la desaparición y muerte de Marta Calvo, solicita la acumulación de causas en un solo juzgado para aumentar la eficacia y la eficiencia tanto judiciales como policiales. La defensa de Jorge Ignacio P. J. ya está estudiando el escrito para pronunciarse sobre si es conveniente o no para su defendido.

En este momento, hay dos investigaciones policiales separadas, una en manos de la Guardia Civil -el homicidio de Marta y las siete agresiones sexuales- y otra, de la Policía Nacional -los homicidios de Arliene Ramos y de Lady Marcela Vargas en sendas casas de citas de València-, y tres judiciales, ya que el caso de la chica de Estivella lo instruye la jueza de Alzira, mientras que las muertes de Arliene y Lady están en manos de los jueces de Instrucción número 14 y 20 de València, respectivamente.

En su escrito, la abogada de la acusación particular que representa a la madre de Marta -el padre tiene su propia representación letrada-, pide que todas las investigaciones se acumulen en el Juzgadode Instrucción 14 de València, el que lleva el caso de Arliene, dado que fue el primero de los supuestos homicidios ocurrido en el tiempo -entró en coma el 25 de marzo, tras una cita sexual con Jorge Ignacio P. J. en un piso del barrio de Gran Vía y falleció en el hospital nueve días después, el 3 de abril-, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a que todos los casos con un origen común o una conectividad probada sean instruidos por el primer juzgado que haya entendido de los hechos.

La acusación particular defiende la conveniencia de acumular las causas para evitar duplicidades -informes psiquiátricos, reconstrucciones, periciales, en ocasiones incluso contradictorios entre sí al ser realizados por distintos profesionales...- y, sobre todo, para no revictimizar a las siete mujeres que han declarado dentro de la investigación que se sigue en Alzira y que no deban volver a hacerlo también ante los otros dos jueces durante la instrucción y en las futuras vistas orales en la Audiencia, dado que ello supondría obligarlas a recordar y revivir una y otra vez sus terroríficos encuentros con Jorge Ignacio P. J. -alguna de ellas continúa en tratamiento desde entonces y varias relataron al juez que creyeron que iban a morir-.

Además, descarta que la acumulación vaya a redundar en un retraso en la finalización de la causa, ya que, con buen criterio, sostiene que las investigaciones de Arliene y Lady Marcela están prácticamente concluidas, por lo que la única que se prolongaría en el tiempo, con o sin acumulación, sería precisamente la de Marta Calvo, sobre todo, porque con las escasas explicaciones dadas hasta ahora por el acusado se ha hecho imposible encontrar ni un solo resto de la joven de Estivella.

De hecho, la búsqueda de sus restos mortales en el vertedero de Dos Aguas, que se sigue de manera ininterrumpida y sin resultados hasta ahora desde mediados de diciembre, se deriva de la única declaración prestada hasta ahora por Jorge Ignacio P. J., y que tuvo lugar en el cuartel de Carcaixent el 4 de diciembre, horas después de que se entregase de madrugada tras 21 días de fuga.

En esa declaración, aseguró haber descuartizado en su casa de Manuel el cuerpo de Marta y haberlo diseminado en seis bolsas, en contenedores de Alzira y Silla. Serían los arrojados en esta última población los que habrían llegado al vertederto de Dos Aguas, pero nada ha sido hallados en el punto donde deberían. Al menos de momento.

La Guardia Civil y una brigada contratada al efecto por la empresa que explota el vertedero, la UTE Dos Aguas, continúan sin apenas descansos -ni siquiera han parado por la crisis sanitaria de la covid-19- los rastreos desde diciembre pasado, y según los cálculos de la gerencia del recinto, aún no se habría llegado al punto 'caliente' donde se cree que hay más probabilidades de que se encuentre algún resto de la chica, a tenor del día que habrían sido arrojados a los contenedores. De hecho, se prevén como mínimo dos meses más de trabajos en ese lugar.

Precisamente la UTE Dos Aguas ha reclamado al juzgado el pago de casi 133.000 euros en concepto de los gastos de esa búsqueda generados hasta el 31 de marzo -a unos 40.000 euros mensuales-, tal como adelantó ayer en exclusiva Levante-EMV en su edición digital, por el salario de los 10 peones que extraen y rastrean la basura en presencia de un agente de Policía Judicial de la Guardia Civil, así como por el alquiler de la maquinaria pesada que está sacando las miles de toneladas previstas de desechos y tierra compactados y la compra de los equipos de protección individual -mascarillas con filtro bacteriológico, buzos de riesgo biológico, gafas y guantes- necesarias para que los empleados puedan manipular sin peligro la materia residual en la que buscan algún vestigio de Marta Calvo.

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