El Juzgado Togado Militar central número 1, con sede en Madrid, tomará declaración como imputado al comandante de Paiporta por la denuncia formulada contra él por un sargento al que supuestamente habría intentado impedir investigar un presunto fraude con mascarillas e hidrogeles en plena crisis sanitaria y cuando el mercado estaba desabastecido de ambos productos sanitarios. Con esta denuncia, adelantada en exclusiva por Levante-EMV el pasado mes de abril, son ya tres las interpuestas contra el mismo comandante en el plazo de un año, tiempo en el que han dado cuenta de él por supuestos delitos o actitudes impropias de un mando de la Guardia Civil un capitán, un teniente y, ahora, un sargento. Los tres están de baja.
La última de las acciones judiciales, tal como publicó este diario, deriva de las supuestas injerencias del oficial en la investigación que llevaba su sargento, que en ese momento era jefe del área de investigación y del puesto de Paiporta, contra una empresa de Alaquàs que, en los días siguientes a la declaración del estado de alarma, ofrecía mascarillas e hidrogeles a farmacias valencianas por un precio diez veces superior al que tenían antes de la pandemia y cuando el mercado estaba totalmente desabastecido.
De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había anunciado que el Ejecutivo perseguiría la especulación con productos sanitarios de primera necesidad e intervendría los almacenes en los que hubiese ese depósitos con ese tipo de protecciones, vitales para frenar la expansión de la covid-19.
El sargento, como jefe del Área de Investigación, y sus agentes detuvieron al repartidor de la empresa de Alaquàs cuando iba a servir a una farmacia de Paiporta 600 mascarillas y 2.500 unidades de hidrogel. Tras esa primera detención, la primera de esas características de toda España, el suboficial coordinó una investigación que permitió intervenir mucho más material en la sede de la firma, así como los albaranes y facturas para acreditar la procedencia, fecha y precio de compra de los productos.
Pese a ello, el oficial habría tratado de frenar la investigación primero y, según el sargento, de entorpecerla después tratando de que otros agentes de la Guardia Civil de Paiporta se llevasen el material incautado para entregárselo a Sanidad, según él, siguiendo instrucciones de los mandos de la Comandancia de València. Y ello cuando la jueza de Instrucción de Torrent esperaba ya esos productos como pruebas de convicción del supuesto delito de fraude que se investigaba.
Además, el sargento afirma que le ordenó en varias ocasiones que abandonase la investigación, de la que incluso le habría apartado para asumirla él, tras un episodio de gritos y amenazas, después del cual decidió interponer una denuncia ante los juzgados de Torrent, que recayó en la misma juez del asunto de las mascarillas.
Dada la naturaleza militar de ambos, la jueza se inhibió en favor de esa jurisdicción, y el caso ha recaído finalmente en el Juzgado Togado Militar Central número 1, quien ha admitido la causa y ha incoado diligencias para investigar al comandante por los delitos que le imputa el sargento: obstrucción a la Justicia, amenazas, coacciones, así como abuso de autoridad con trato vejatorio y degradante.
El fiscal militar, por su parte, ha solicitado al juez que tome declaración como investigado al comandante denunciado, quien ya fue investigado disciplinaria y penalmente durante su etapa como capitán en Ayamonte (Huelva), aunque todos los procedimientos acabaron archivados. Para ello, el fiscal solicita que se procure abogado al oficial para que pueda declarar asistido por el mismo, dado que lo hará como investigado. Así mismo, pide que declaren el sargento que lo ha denunciado y tres testigos: un sargento primero, un cabo primero y un guardia.
