Una menor de 17 años asegura que permaneció «secuestrada» entre 20 días y un mes -no lo recuerda exactamente porque perdió la noción del tiempo- por un joven al que estaba conociendo -niega que fueran pareja aunque ante la policía declarara que era su novio- y que durante su encierro éste la obligó a mantener relaciones sexuales, violándola en varias ocasiones, en un inmueble del barrio del Cabanyal. Cuando trató de pedir auxilio, la madre de su presunto agresor, que vivía en el piso de abajo, le cerraba la puerta y le decía que se callara, de ahí que se le acuse también a ésta como cómplice del delito de detención ilegal.
Por estos graves hechos que denunció la víctima, acompañada de su padre, en su día (abril de 2016), un joven se enfrenta ahora a una pena de 18 años de cárcel, solicitada por el Ministerio Fiscal por un delito continuado de violación y otro de detención ilegal, ambos con las circunstancias agravantes de parentesco y desprecio de género. Para su madre pide tres años de cárcel.
El acusado, que tenía 25 años cuando presuntamente cometió los hechos, negó ayer en el juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de València tanto las agresiones sexuales como haber tenido retenida a la chica en su domicilio. «Yo no he encerrado ni retenido a nadie, hacíamos vida de pareja», explicó a la sala el procesado, quien atribuye la denuncia de la supuesta víctima al hecho de que él hubiera querido dejar la relación, y la familia de ella, de etnia gitana, le obligara a seguir con la joven, según su tradición, al haber tenido relaciones con ella. De hecho, tuvo un enfrentamiento con el padre de ella por el que fue condenado después de que ambos cayeran por las escaleras.
La víctima por su parte declaró por videoconferencia que fue su padre quien la «liberó». Además asegura que no tenía teléfono móvil con el que poder pedir ayuda porque éste se lo había quitado y que incluso tenía que beberse el agua del váter, hecho que hasta ahora jamás había contado.
En el tiempo que permaneció retenida reconoce que salieron varias veces de casa, aunque no recordaba el número ni concretó los lugares. Así, matizó que se maquillaba porque él le obligaba antes de salir, y que no gritaba ni trató de escapar por miedo, porque la tenía amenazada de muerte a ella y a su familia.
Una de estas salidas fue cuando acudieron juntos -y con la hermana pequeña de ella- el 11 de marzo de 2016 a los servicios sociales a solicitar una ayuda como pareja, según confirmaron las asistentes sociales que declararon como testigos. También viajaron a una localidad de Córdoba, con la familia de ella. Respecto a este viaje, la víctima lo confirmó, pero niega que fueran con sus padres, sino porque el acusado «tenía que hacer unas gestiones». «Estuvimos en casa de su familia y decidimos volvernos para tener nuestra intimidad», argumentó el procesado.
Asimismo, una vecina que declaró como testigo propuesto por la defensa, recordaba un episodio en el que subió a pedir explicaciones por una filtraciones de agua y vio a la menor con una toalla saliendo del baño. No vio nada que le hiciera pensar que pudiera estar secuestrada. Los policías que inspeccionaron la casa tras la denuncia tampoco apreciaron que el inmueble reuniera las condiciones para tener a una persona encerrada.
La víctima reclama por estos hechos 10.000 euros en concepto de indemnización por el calvario sufrido. «Me pegaba con el palo de la escoba, con hierros, con lo que pillara», apuntó de forma ambigua.
