Con tan solo 14 años perdió a sus padres y a su hermana ahogados en un accidente en el pantano de Santolea de Teruel en 2010. El hermano de su madre, vecino de Favara, se hizo cargo de ella, pero no lo hizo altruistamente puesto que se quedó 50.000 euros. Ahora la Audiencia de Zaragoza acaba de condenar a este hombre, Francisco Javier G. M., a dos años de prisión y a devolverle todo el dinero.
Su esposa Cristina L. P. también se sentó en el banquillo de los acusados, pero ha resultado absuelta puesto que el tribunal provincial considera que «no consta que participase en el plan apropiatorio de su esposo si bien se benefició económicamente de su resultado con los traspasos que él hizo a las cuentas de las que ambos eran cotitulares».
La niña, como única heredera, recibió 158.000 euros fruto de tres pólizas de seguros, una cuenta con 19.000 euros y unos bonos de 50.000. Asimismo, la administración le otorgó una pensión de orfandad de 850 euros mensuales que, en el periodo que estuvo tutelada (de 2010 a 2016) supuso unos ingresos de 72.224 euros.
La menor, que padece una minusvalía reconocida por la Generalitat Valenciana desde el 20 de mayo de 2011 con un grado de discapacidad de 33%, pasó de residir en Alcañiz con sus padres y hermana, al fallecer estos, al domicilio de los acusados, en Favara, si bien, como no les resultaba grata la convivencia con ella, decidieron llevarla a un internado de la localidad valenciana de Llíria, en donde permaneció casi dos años.
Un centro que costó 32.807,72 euros y que salió de las cuentas de la menor. Asimismo, el tribunal resalta el «desapego» de los acusados puesto que «apenas recibía visitas de los acusados en dicho internado, y del que prácticamente no salía, ni siquiera en vacaciones y festivos».
Pero no fue la única cantidad detraída de las cuentas de la menor, ya que la Audiencia de Zaragoza recalca que otros 50.000 euros fueron traspasados «a cuentas de la exclusiva titularidad del condenado y de su esposa». Estos señalaron durante el juicio que el dinero que falta «eran gastos» y que otras cantidades se devolvieron, pero «no hay prueba de ello» para los magistrados que se basan en una investigación del Grupo de Blanqueo de la Jefatura Superior de Policía de Aragón.
El abogado de la víctima, Javier Checa Monge, está estudiando recurrir la sentencia por un defecto de forma puesto que considera que la cifra aprehendida son 60.000 euros.
