La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ordenó ayer la apertura de una información reservada sobre el comandante de Paiporta, paso previo a un posible expediente disciplinario, tras conocer el contenido de la grabación en la que el oficial recriminaba a sus mandos no haberle obedecido cuando les había ordenado «ir a partirle las piernas» a la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín.

La decisión de la máxima responsable del instituto armado, que precisamente este miércoles visitó las dependencias de la Guardia Civil en València en su primera visita a la C. Valenciana desde su nombramiento, se produjo ayer por la mañana, en cuanto tuvo conocimiento del contenido de esa grabación, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes de toda solvencia.

La información reservada es una herramienta que tiene por objeto averiguar la certeza de los hechos supuestamente irregulares que provocan su apertura. En caso de concluir que esos hechos son ciertos, esto es, en caso de constatar que esas frases amenazadoras y poco respetuosas fueron realmente pronunciadas por el comandante en el ejercicio de su cargo durante una reunión de trabajo con oficiales y suboficiales bajo su mando, lo habitual sería que esa información reservada diese origen a la incoación de un expediente disciplinario en el que se incluiría la información previa y sus conclusiones.

Otra de las posibilidades que tiene la Guardia Civil es cesar al comandante en su actual destino como jefe de la compañía de Paiporta, ya que es un puesto de libre designación (de confianza), aunque esto último es poco probable sin haber indagado antes con esa información reservada y el correspondiente expediente disciplinario.

Nada más conocerse el contenido de esa grabación, Compromís, partido al que pertenece la alcaldesa de Paiporta, exigió, a través de sus dos representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado, Joan Baldoví, y Carles Mulet, respectivamente, la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil para que aclare «qué medidas ha tomado o piensa tomar el Gobierno» ante estos hechos.

Durante su visita a València, María Gámez, a preguntas de Levante-EMV, dijo que no tomarían ninguna decisión «hasta que no haya resolución tanto en vía militar, donde se están juzgando algunos de esos asuntos, como en la disciplinaria. Vamos a esperar a que los procedimientos terminen y determinen si hay razones para las imputaciones que se le hacen», aseveró.

Isabel Martín, por su parte, pidió ayer «amparo» a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la directora general de la Guardia Civil y al ministro del Interior «para que tomen las medidas correspondientes contra el oficial, de quien considera que «no puede seguir ni un minuto más» en su puesto.

Martín, que, al igual que ha hecho su partido, ha pedido a la Fiscalía que actúe de oficio contra el comandante, considera «indispensable que se aceleren las investigaciones para aclarar el acoso al que está sometiendo a sus subordinados en el cuartel», al tiempo que ve «inadmisible que quien tiene la misión de preservar la seguridad de miles de personas y tiene tantos agentes armados a su cargo, mantenga esa actitud machista y amenazadora hacia un cargo público, simplemente por ser mujer».

El comandante Aranda fue sancionado con tres meses de suspensión de funciones en 2019 tras la instrucción de un expediente por acoso, en el que se recogía que en otra reunión había dicho, entre otras cosas, «esta me va a comer el nabo» en referencia a la misma alcaldesa.

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