Una fiscal especial, experta en violencia de género, y un único juez, el 20 de Instrucción de València, serán los encargados finalmente de llevar el peso de la investigación única contra Jorge Ignacio P. J., el presunto asesino de Marta Calvo, acusado, de momento, de dos homicidios y varias agresiones sexuales, aunque los cargos podrían agravarse durante esa instrucción.

Es la vía encontrada finalmente para unificar en un solo juzgado y bajo una sola investigación lo que hasta ahora ha estado repartido en al menos cinco juzgados, cuatro de ellos de València y el de Alzira, que ha llevado hasta hace dos semanas la causa por la desaparición y muerte de la joven de Estivella, ocurrida el 7 de noviembre pasado en Manuel, en la casa alquilada por Jorge Ignacio P. J., quien aquella noche la recogió en València y la llevó hasta ese municipio de la Ribera Alta, de donde ya nunca salió con vida.

Fue la madre de Marta, a través de los abogados que la representan como acusación particular, los letrados Pilar Jové y Vicente Escribano, quien solicitó que todas las causas se investigaran como una sola, dado que el presunto autor en todas ellas era el mismo, Jorge Ignacio P. J., y el modus operandi, también.

Además, en el escrito en el que pedían esa unificación, alegaban economía procesal -no repetir las mismas pruebas y diligencias en cada uno de los juzgados- y también huir de la revictimización que supondría obligar a las ocho mujeres que hasta ahora han declarado cómo Jorge Ignacio P. J. las drogó contra su voluntad y las sometió durante los encuentros sexuales pagados que habían concertado. De mantenerse las causas repartidas en distintos juzgados, esas supervivientes se habrían visto obligadas a un peregrinaje constante por cada sede judicial y luego en distintos juicios, reviviendo cada vez esa experiencia traumática, lo que habría supuesto, de facto, una constante revictimización.

Además, podría provocar una inseguridad jurídica ante posibles sentencias contradictorias entre sí pese a tratarse de hechos prácticamente idénticos.

Tanto la jueza de Alzira, como tres de los cuatro de València estuvieron de acuerdo y se inhibieron en favor del primero que había empezado a investigar hechos supuestamente cometidos por Jorge Ignacio P. J. mucho antes de que se conociera el supuesto alcance de sus acciones. Sin embargo, ese juez, el de Instrucción 14 de València, rechazó todas las inhibiciones bajo el argumento de que, en su caso, no tenía armas para imputar un homicidio al sospechoso, sino únicamente un delito de omisión de socorro.

Se trata de la muerte de la brasileña Arliene Ramos, ocurrida el 3 de abril de 2019 en un hospital de València, 9 días después de entrar en coma tras sufrir un repentino ataque que le provocó una parada cardiorrespiratoria mientras estaba en su dormitorio con el acusado.

La cuestión de competencia se ha resuelto ahora, tras varios encuentros entre jueces y fiscales implicados, en la que finalmente se ha decidido que todos se inhiban en favor del 20 de Instrucción, que entiende del homicidio de la colombiana Lady Marcela Vargas, la segunda muerte relacionada con Jorge Ignacio P. J. en orden cronológico, que fue presuntamente asesinada el 15 de junio del año pasado en una casa de citas de la avenida de La Plata, en València.

En su apoyo ha sido nombrada como fiscal asignada a la causa una acusadora pública especializada en violencia de género de reconocido prestigio.