La utilización de las nuevas tecnologías para cometer delitos contra personas físicas, empresas e instituciones sigue creciendo a un ritmo que parece imparable y la cifra de víctimas va en aumento. En la Comunitat Valenciana, los hechos denunciados relacionados con la cibercriminalidad han experimentado un crecimiento del 149% en los últimos cinco años.

El último informe de la Secretaría de Estado de Seguridad, que hace balance del año 2019, recoge que durante ese ejercicio fueron 18.983 las denuncias interpuestas en territorio valenciano frente a las 7.601 del ejercicio 2015. La subida en relación a 2018, cuando se registraron 14.189 denuncias, es del 33 %. Los datos indican pues que cada día se presentan una media de 52 denuncias por hechos perpetrados por delincuentes que se parapetan en el ecosistema digital para obtener algún tipo de beneficio ilícito.

Se trata de una tendencia que se extiende a nivel nacional. Los hechos delictivos más frecuentes son los relacionados con estafas con tarjeta de crédito y estafas bancarias, amenazas, usurpación del estado civil y coacciones.

Internet

El campo de acción de los ciberdelincuentes parece ganar terreno a medida que cada vez son más las personas que tienen acceso a internet. Utilizar la red para gestionar cuentas bancarias, hacer compras online, reservar las vacaciones o abonar pagos y suscripciones a diversos servicios es cada vez más popular y, con ello, el caladero de posibles víctimas se amplía.

A ese respecto, el porcentaje de viviendas que en 2019 tenían acceso a la red superaba ya el 91% del total de los hogares españoles, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Y es un hecho que a medida que crece el número de usuarios que trabajan, compran, se relacionan y navegan por el océano virtual, aumentan también los ataques cibernéticos aprovechando la vulnerabilidad de los internautas y empleando medios cada vez más sofisticados para intentar eludir las redes de las Fuerzas de Seguridad.

La Comunitat Valenciana se sitúa como la cuarta autonomía donde más infracciones penales de este tipo se denunciaron el pasado año, con los citados18.983, según indica el estudio más reciente impulsado por el Ministerio del Interior. Por delante se posicionan Cataluña (41.577 hechos denunciados), Madrid (37.016 denuncias) y Andalucía (28.655), tal y como recoge el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), que suma datos del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependientes de las comunidades autónomas y también por cuerpos de Policía Local.

Las cifras a nivel nacional muestran igualmente una evolución positiva en el número de hechos registrados en las bases policiales, sumando un total de 218.302 el pasado año, frente a los 60.154 registradas cinco años antes. El citado informe indica que el pasado año se esclarecieron el 15,1% de los hechos ilícitos denunciados, mientras que otros seguían en investigación al concluir el año.

Los datos incluidos a nivel nacional en el Sistema Estadístico de Criminalidad revelan que la mayoría de las víctimas de ciberdelincuencia son hombres (52,3%), tienen entre 26 a 40 años, y son objeto, principalmente, de los delitos de fraudes informáticos, amenazas y coacciones y acceso e interceptación ilícita. Sin embargo, si se analiza la distribución global de incidentes conocidos por ámbito y sexo, las mujeres exceden en porcentaje a las víctimas de sexo masculino cuando se trata de hechos relacionados con el acceso e interceptación ilícita, contra el honor y los delitos sexuales. Del total, el 88,4% de las víctimas fueron españolas y el 11,6% restante extranjeras, principalmente procedentes de Rumanía, Marruecos e Italia.

Del análisis de la información extraída del SEC se puede observar que el comportamiento de las víctimas incluidas en el grupo menores de edad no sigue el patrón o el modelo de las víctimas mayores de edad. Los menores de edad son más vulnerables a otro tipo de hechos delictivos, en concreto a las amenazas y coacciones así como los delitos sexuales.

Durante el pasado año, fueron 8.914 detenciones practicadas por las Fuerzas de Seguridad en todo el país y fueron esclarecidos 30.841 hechos del total de los registrados. Los datos indican que, del global de personas arrestadas por cibercriminalidad, el 74,3% fueron hombres, teniendo lugar, principalmente, por la comisión de fraudes informáticos, delitos de amenazas y coacciones y delitos sexuales. La mayoría de las detenciones e investigaciones sobre mujeres se llevaron a cabo por fraudes informáticos, amenazas y coacciones, y por el delito de falsificación informática, según destaca el estudio impulsado por el citado Ministerio.

Al desglosar la información según los distintos rangos de edad predeterminados, se observa que la mayor cifra de los responsables de ciberdelincuencia se ubican en el grupo de edad 26 a 40 años, el mismo precisamente que la mayoría de las víctimas. La mayor parte de los detenidos e investigados por ciberdelincuencia son de nacionalidad española (79,6%), mientras que entre el porcentaje de extranjeros predominan los originarios de Rumanía, Marruecos, Colombia y Venezuela.

Ataques en cuarentena

Aunque los datos publicados hasta el momento analizan los sucesos acaecidos hasta diciembre del pasado año, no es descabellado intuir que, probablemente, las cifras crecerán en todas sus variables con los datos del año 2020 coincidiendo, al menos, con el confinamiento del coronavirus. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad, desde el inicio del año hasta abril una media de 120 equipos informáticos de Alicante registraron problemas de seguridad cada día. De hecho, el citado organismo, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital, alertó durante el confinamiento de una campaña maliciosa de correos electrónicos que intentaban extorsionar a su receptor, principalmente empresas, exigiendo pagos en Bitcoin a cambio de no revelar información privada.

También fue detectado el envío de formularios falsos relacionados con encuestas sobre el covid-19 en los que se pedía a los usuarios diversos datos personales, algo que puede exponerlos a un amplio abanico de riesgos. Por ejemplo, la elaboración ilegítima de perfiles comerciales, la recepción de publicidad no solicitada, la suplantación de identidad, el aprovechamiento de la información para personalizar ataques de phishing e ingeniería social con motivaciones económicas, o incluso chantajes e intentos de extorsión a costa de información sensible.