Un año y medio después de la muerte de Alejandro Jiménez Cruz, el juez militar que lleva el caso ha decidido procesar a cuatro de los mandos por encubrir las causas de la muerte del legionario mallorquín, según desveló el diario 'El País'.
El joven legionario murió el pasado 25 de marzo de 2019 en la base de Agost en Alicante a causa de un disparo en el pecho durante unos ejercicios militares. Tras lo sucedido, la Guardia Civil inició una exhaustiva investigación que puso de manifiesto numerosas irregularidades que provocaron la muerte del joven.
Inicialmente se aseguró que el legionario murió a causa de un accidente, siendo alcanzado por el rebote de un proyectil que le entró por la axila en el hueco del chaleco antibalas. Sin embargo, la prueba pericial determinó que fue un impacto directo en el pecho de un proyectil disparado por su propio sargento a 12,5 metros y que además, no llevaban las placas balísticas que le habrían protegido del impacto. Horas después de la muerte se limpió la zona, borrando así todas las pruebas. Sin embargo, el proyectil que quedó en el cadáver ayudó a conocer las verdaderas causas de la muerte en la segunda autopsia.
Según el relato del juez, esa misma noche, el capitán de la compañía reunió a los mandos a sus órdenes y les dijo que debían declarar que él estaba presente cuando esto era falso. A la mañana siguiente, saltó el precinto policial del campo de tiro e hizo una reconstrucción ficticia de los hechos para que los legionarios la ensayaran antes de la llegada de la Guardia Civil. Haciendo creer a las autoridades que estaban a cuatro o cinco metros de su posición real, ocultando así que, a diferencia de lo que el capitán había ordenado, los dos pelotones asaltaron simultáneamente la loma disparando desde flancos opuestos, con el riesgo de fuego cruzado, que el sargento disparó cuando debía limitarse a supervisar el ejercicio o que un teniente y un cabo se sumaron al asalto sobre la marcha, sin informar a nadie.
Lo que ocurrió, según el auto, fue que con el ejercicio ya acabado, el sargento se inventó un nuevo enemigo y ordenó disparar hacia la falda de la loma. Cuando los legionarios estaban rodilla en suelo, comprobando sus cargadores se oyó a Alejandro Jiménez gritar que le habían dado.
El juez militar procesa al sargento por los delitos de homicidio imprudente, abuso de la autoridad y obstrucción a la justicia, y solicita una indemnización de 330.000 euros de responsabilidad civil. Al capitán lo procesan por deslealtad, encubrimiento y desobediencia a agentes de la autoridad. A los dos tenientes, el cabo y los tres soldados, por encubrimiento, entre otros delitos.
