El mismo día que fue puesto en libertad, tras nueve meses en prisión preventiva, Eduardo Zaplana se desmarcaba categórico de cualquier relación o conexión con los paraísos fiscales que le imputaba la investigación sobre él en el caso Erial. «No tengo ni he tenido ninguna cuenta en Suiza ni en ningún otro país fuera de España, ni a mi nombre ni al de terceros», según el comunicado remitido desde su entorno a los periódicos. Era el 7 de febrero de 2019.

Un año después la estrategia de su defensa hizo de la necesidad virtud y esgrimió el «condimento» internacional del caso Erial para intentar que la causa se trasladara a la Audiencia Nacional. Aunque Zaplana negara la mayor, el expresidente defendió que el rastro del dinero y su periplo por países como Uruguay, Panamá, Suiza, Luxemburgo, Inglaterra y Andorra seguido por los investigadores del caso Erial debía investigarse en Madrid. Entre otros argumentos alegados por el expresidente, porque estos países escapan a la jurisdicción del Juzgado de Instrucción 8 de València. Y porque en otros causas conocidas como Gürtel, Púnica, Lezo o Pujol la Audiencia Nacional se ha declarado competente para instruir y juzgar los hechos investigados en base a que el blanqueo de capitales se perpetró fuera de España, porque se trata de órganos especializados en destripar estas estructuras fiduciarias y de sociedades interpuestas en territorios «offshore».

A estas pretensiones para que la causa se trasladara a Madrid se han sumado buena parte de los componentes del clan Zaplana también investigados en la causa: la mujer del expresidente de la Generalitat, Rosa Barceló, y su secretaria personal, Mitosuko Henríquez; la exdiputada en las Corts Elvira Suanzes y su hermano, además de Francisco Grau, el asesor fiscal y presunto testaferro de Zaplana, junto a su mujer y la representación de la mercantil Turnis Sylvatica SL, propiedad de ambos e investigada en la causa.

Curiosamente no se han adherido a esta estrategia los otros dos estrechos colaboradores del exministro de Trabajo: Joaquín Barceló, alias «Pachano», amigo de la infancia y otro de sus presuntos testaferros; Juan Francisco García, jefe de gabinete de Zaplana durante su etapa como presidente de la Generalitat. Tampoco constan adheridos a esta petición el exjefe del Consell y sucesor de Zaplana, José Luis Olivas, o los dos hermanos Cotino, investigados en esta causa.

Sin embargo la tentativa de traslado del caso Erial se ha estrellado primero contra los argumentos de la titular del Juzgado de Instrucción 8, que rechazó estas pretensiones el pasado mes de junio. Y ahora con los argumentos de la sección quinta de la Audiencia de València, la responsable de revisar todos los recursos que presentan las partes desde el inicio de la causa. En un auto adelantado por Okdiario, las dos magistradas y el magistrado que suscriben la decisión, desestiman el traslado del caso Erial a la Audiencia Nacional tal como ha defendido la titular del Juzgado de Instrucción 8 y la Fiscalía Anticorrupción. «Hacemos propia en un todo la argumentación expuesta tanto por el Ministerio Fiscal como por la magistrada instructora», aseguran los magistrados de la sección quinta de la Audiencia de València. Y añaden, también, que no es el momento procesal para pedir este traslado. «Los investigados solo pueden plantear cuestión de competencia dentro de los tres primeros días del plazo concedido para calificar [los hechos, en la fase final de la investigación], estándole vedado en fase de instrucción», apunta la magistrada ponente del auto.

Aunque en la decisión de no migrar el caso Erial de un juzgado de València a otro de Madrid pesa más el hecho de que «ninguno de los hechos objeto de investigación queda dentro del catálogo de delitos cuya competencia viene atribuída a la Audiencia Nacional [delitos contra el titular de la Corona o altos organismos de la Nación y el Gobierno, falsificación de moneda, tráfico de drogas o estupefacientes por grupos organizados o delitos cometidos fuera del territorio nacional]», alegan los magistrados de la sección quinta.

De hecho, añaden que «todas las acciones [investigadas en Erial han sido realizadas no ya sólo en España sino en y desde València». Todo ello «con independencia de que para asegurar los frutos de las ilícitas actuaciones -dicho sea sin ánimo de prejuzgar- se hubieran valido los investigados y las sociedades por ellos creadas de otras personas físicas y/o jurídicas ubicadas en el extranjero y manejaran cuentas de entidades bancrias de paraísos fiscales». Por último, los magistrados descartan que entre los hechos investigados se encuentre el delito de «maquinación para alterar el precio de las cosas», como alegaba la defensa de Zaplana. Así que el caso Erial se acabará de instruir y se juzgará en València.