La Guardia Civil de Alicante ha destapado una estafa de más de 50.000 euros a través de la venta de permisos de conducir falsos, en la que hay al menos 40 víctimas en distintos puntos de España, y ha detenido a dos hombres e investigado a otros cuatro como presuntos autores de los delitos de estafa, falsificación de documento y pertenencia a grupo criminal.

Las cantidades solicitadas por la organización, a cambio del trámite del permiso de conducir a través de plataformas de internet, oscilaban entre los 800 y los 3.000 euros, según un comunicado del instituto armado.

En el marco de la operación 'Frailecillo' se ha localizado por el momento a 40 víctimas por toda la geografía española, que habrían pagado unos 50.000 euros a los estafadores, aunque la investigación continúa abierta, a expensas de la aparición de nuevas víctimas.

Los detenidos, dos hombres de nacionalidad española, de 22 y 47 años, y los investigados, cuatro varones de 27, 35, 53 y 57 años, prometían conseguir permisos de conducir totalmente válidos, a cambio de una cantidad económica.

Los hechos se iniciaron en el mes de julio de 2019, a raíz de la denuncia presentada por un particular, al que le habían estafado tras solicitar la obtención del permiso de conducir por medio de un anuncio en una página de internet.

Aparentemente, el permiso de conducir estaría validado, legal y directamente, sin necesidad de realizar el examen, o en el caso de hacerlo, el resultado siempre sería de apto.

Para realizar el trámite, era necesario mandar una fotocopia del DNI, dos fotografías, un papel en blanco con su firma, y lo más importante: ingresar una cantidad de dinero que podía ascender a los 2.300 euros.

Todas las comunicaciones se realizaban, a través de una conocida aplicación de mensajería instantánea, con una persona que decía residir en Telde (Las Palmas), pero cuando el permiso de conducir tardaba en llegar, las llamadas eran atendidas con su "jefe".

Éste les tranquilizaba diciéndoles que el trámite seguía su curso legal, aunque con ciertas dificultades porque la aduana había retenido ciertos documentos, y que había que pagar más dinero para desbloquearlos.

Los ingresos del dinero siempre se realizaban a dos cuentas bancarias, mediante transferencias o cajeros automáticos, sin que apareciera en ellos ninguna referencia sobre la identidad, con la intención de dificultar la investigación policial.

Cuando las víctimas se daban cuenta de la estafa, ya era tarde para recuperar el dinero, según las fuentes.

Después de numerosos análisis de cuentas bancarias y documentación, los investigadores lograron determinar que detrás de la estafa existía una estructura delictiva perfectamente delimitada, formada por seis personas. Cinco de ellas, residentes en Telde (Gran Canaria), y otra en la Línea de la Concepción (Cádiz).

Se han detectado más de 600 anuncios de contenido similar en los que anunciaban sus servicios y los detenidos utilizaron 200 direcciones de correo electrónico diferentes, también con la finalidad de desviar la acción policial y dejar el menor rastro posible.

Esta operación ha sido dirigida por el Equipo Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), en colaboración con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas (Gran Canaria) y del Equipo Territorial de San Roque-La Línea, de la Comandancia de Algeciras (Cádiz).