La sección de la Fiscalía provincial de València que investiga los delitos de odio, formalmente identificada como la sección de tutela penal de la igualdad y contra la discriminación, inició un total de 52 diligencias de investigación en 2019, según la última Memoria de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

Los hechos que han motivado las actuaciones judiciales son mayoritariamente (47 diligencias) por «incitación al odio» o «actos que entrañen humillación, incluídos lesiones y amenazas», las más «frecuente por LGTBIHfobia o amenazas a personas migrantes»; otras dos investigaciones se inipor trato discriminatorio, una por ofensa a los sentimientos religiosos y otras dos por amenazas o insultos con la agravante prevista en el artículo 22.4 del Código Penal: «motivos racistas, antisemitas, ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad».

De este medio centenar de diligencias, aproximadamente la mitad (27) acabaron judicializadas. Otras veinte se archivaron por autor desconocido o dificultad para identificarlo, «fundamentalmente en delitos a través de las redes sociales», y en otras cuatro la sección de València se inhibió a favor de otras competencias territoriales (dos a la Fiscalía de Alzira, una a la Audiencia Nacional y otra al Supremo).

Ésta última es la que afectaban al diputado de Vox en el Congreso, Javier Ortega Smith, por las declaraciones que hizo en València y que «resultaban ofensivas por presunta islamofobia, tal como denunciaron los colectivos afectados», aunque finalmente las diligencias se archivaron en el Tribunal Supremo, tal como señala la memoria de la fiscalía.

Otros asuntos «de especial trascendencia» que ha realizado la sección de tutela penal de la igualdad y contra la discriminación es la investigación por las agresiones durante la manifestación vespertina del 9 d’Octubre de 2017 en la que manifestantes y periodistas fueron agredidos por grupos de personas de ideología supuestamente ultraderechista o neonazi que la actual fiscal delegada de la sección Susana Gisbert espera concluir a lo largo de 2020. «La causa se declaró compleja por lo prolijo de las diligencias de investigación como volcado de ordenadores, visionado y análisis de vídeos, periciales y declaraciones de testigos que ya superan los diez tomos». La anterior fiscal delegada de delitos de odio, Carmen Andreu, fue la que inició las diligencias de investigación que ha continuado la actual titular de la sección, Susana Gisbert.

Otro asunto que llevó la sección, inicialmente en Alzira y posteriormente se juzgó en un juzgado de lo Penal de València, fue el del delito contra la integridad moral por los insultos a un niño enfermo de cáncer a quien se homenajeó en una corrida de toros. Los dos acusados fueron finalmente absueltos pero la memoria de la Fiscalía destaca que «en este pronunciamiento debió influir -señala fiscal Gisbert- la actitud de contricción y arrepentimiento que mostraron los dos acusados, que usaron su derecho a la última palabra para pedir perdón a los padres del niño, que falleció a los pocos meses de suceder los hechos». La Fiscalía recurrió la absolución de los dos acusados, aunque el recurso aún no se ha resuelto.

Otras dos diligencias se iniciaron por mensajes publicados en Twitter desde cuentas oficiales del partido Vox: una tras la denuncia de colectivos homosexuales contra la cuenta de Vox Massamagrell, aunque «como se eliminó el tuit y se pidió perdón, se archivó» y otra por atribuir una violación en Cullera a magrebíes, cuando eran españoles los acusados, que también se archivó.

Colaboración concolectivos para investigar casos

«De capital importancia han sido las reuniones con instituciones, organismos, asociaciones, colectivos profesionales, grupos y demás agentes que trabajan la igualdad», señala la fiscal Gisbert. Esta colaboración es la que permitió abrir las diligencias por el tuit homofóbico de Vox en Massamagrell o la que facilitó la reunión con empresarios de discotecas para prevenir las agresiones homofóbicas.