El juicio contra una red que introducía hachís y teléfonos móviles en el centro penitenciario de Picassent para su posterior venta entre los internos, con la colaboración indispensable de un funcionario de prisiones que cobraba entre 500 y 800 euros por cada mochila que lograba llevar a los internos encargados de su distribución, se ha saldado finalmente con penas muy inferiores a las solicitadas inicialmente por el Ministerio Fiscal tras llegar ayer a un acuerdo de conformidad en el que once de los acusados, entre ellos el funcionario de Instituciones Penitenciarias y los cabecillas de la organización, reconocieron los hechos.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia dictó sentencia in voce y condena a cuatro años de cárcel al funcionario del establecimiento penitenciario de Picassent por los delitos de cohecho, contra la salud pública, y pertenencia a grupo criminal.
Para el resto de los acusados las penas impuestas van desde los tres años y medio de prisión para los dos presuntos cabecillas del grupo, defendidos por los letrados Andrés Zapata y Juan Molpeceres, a los nueve meses de prisión para los padres de uno de ellos, que se encontraba preso y era el encargado de vender y distribuir los teléfonos y la droga a otros internos dentro de la cárcel. Asimismo, para un procesado que no acudió al juicio, y el único que por lo tanto no llegó a un acuerdo de conformidad, el fiscal solicitó que se ordene su búsqueda y detención.
Según ha quedado probado, el funcionario de Instituciones Penitenciarias, condenado a cuatro años de prisión de los doce años y medio que solicitaba el fiscal, aprovechaba su trabajo en el establecimiento penitenciario de Picassent para introducir hachís y teléfonos móviles en el citado centro «a cambio de dinero y con un claro incumplimiento de sus deberes legales y constitucionales».
La expareja sentimental de uno de los presos que lideraba esta red de tráfico de drogas, desmantelada por agentes antinarcóticos del EDOA de la Guardia Civil en octubre de 2015, era la encargada de reunirse en la calle con el funcionario ahora condenado para entregarle la mercancía, en una mochila, que tenía que introducir éste posteriormente en el centro penitenciario. La acusada, defendida por la letrada Sonia García, ha sido condenada a uno año y medio de prisión de los ocho a los que se enfrentaba.
A otra de las acusadas que actuaba de enlace fuera de prisión para facilitar la droga, representada por la abogada Claudia Vivas, del despacho de Vicente Monzó, también se le rebajó la pena a un año y diez meses. En la mayoría de casos, al ser las penas inferiores a los dos años, se ha solicitado la suspensión del cumplimiento de las mismas, salvo en aquellos acusados que cuentan con antecedentes vigentes.
Entre 500 y 800 € por mochila
Dicha organización dedicada a la introducción de droga y teléfonos móviles en prisión, que actuó entre 2014 y 2015, se distribuía en tres grupos y utilizaba entre otros métodos los vis a vis con los internos para poder meter las sustancias ilegales y los terminales en el centro penitenciario. Asimismo contaban con la colaboración del funcionario de prisiones ahora condenado. Por cada mochila que introducía el funcionario público en el centro penitenciario, éste cobraba entre 500 euros (por los teléfono móviles) y 800 (si la mercancía era hachís).
Las investigaciones de la Guardia Civil permitieron destapar esta trama de tráfico de drogas y en octubre de 2015 interceptaron una de las mochilas tras una entrega. En la misma había diez teléfonos móviles, cargadores y hachís valorado en 5.370 euros. En los registros domiciliarios de varios de los acusados también se halló droga, así como teléfonos en las celdas de cuatro de los presos condenados.
