La llegada de casi medio millar de migrantes africanos a València y Alicante en un plazo de poco más de una semana —todos ellos procedentes de Canarias, donde la presión migratoria ilegal tiene al límite la capacidad de atención y acogida— ha llevado al Ministerio del Interior, por un lado, a instar a la Policía Nacional a priorizar las investigaciones para detectar y cortar el origen de esos viajes ‘organizados’ y, por otro, a montar dispositivos para controlar la llegada de nuevos grupos migratorios.
En este sentido, fuentes policiales consultadas por Levante-EMV han confirmado la existencia de una instrucción interna enviada por la Dirección General de la Policía a la Jefatura Superior de València —también a otras— en la que se insta a poner en marcha los despliegues necesarios para hacer frente a la inminente llegada de más grupos de migrantes por vía aérea al aeropuerto de Manises, procedentes de distintos aeródromos canarios.
En concreto, Interior ha alertado a la Jefatura de València de la llegada de cinco vuelos, entre las 12.35 horas de hoy, viernes, y las 23.10 horas del domingo, 13 de diciembre. Esos cinco vuelos se suman a los ocho llegados al aeropuerto de Manises entre el sábado, día 6, y el martes, día 8, en los que arribaron desde tres aeropuertos canarios más de 300 migrantes llegados en el último mes a las islas en cayucos, dentro de la enorme oleada migratoria que recibe el archipiélago desde antes del verano, coincidiendo con el final de primer estado de alarma.
La llegada de esos más de 300 migrantes africanos —tanto magrebíes como subsaharianos— a València y de más de cien a Alicante —que se unen a los arribados en semanas anteriores a Granada, Euskadi o Asturias, por ejemplo— ha disparado las alarmas, ya que parece casualidad que todos viajen con documentos, vuelos y destinos casi idénticos dentro de la península.
Ante esa situación, se abren varias posibilidades. La primera, la que defiende Interior, que trata de alejar el fantasma de que se trata de viajes organizados de manera soterrada por el Gobierno central para aligerar la presión migratoria sobre las Islas Canarias, según la cual «cada uno se paga su viaje porque nada les impide moverse dentro del territorio nacional», salvo las restricciones sanitarias.
La segunda, que sean las oenegés, con Cruz Roja a la cabeza —es la organización que tiene concedida la atención a los migrantes que llegan en situación irregular a las costas españolas— quienes estén sufragando los gastos de ese salto desde las Canarias hacia la península. Pero también esas organizaciones niegan estar detrás de los viajes en avión.
Y queda una tercera: que haya mafias que estén procurando cobertura a los migrantes a cambio de dinero. De hecho, agentes de la brigadas de Extranjería y Fronteras de las jefaturas de Policía de Tenerife y de Las Palmas han alertado a sus superiores, que han lanzado un aviso a las unidades contra las redes de inmigración y falsificación (Ucrif), entre ellas la de València, de la existencia de mafias que procuran documentación falsa y empadronamientos ficticios en municipios canarios a quienes llegan en los cayucos, para que puedan comprar vuelos hacia la península sin levantar sospechas.
Fuentes policiales consultadas por este diario han confirmado la sospecha de que «obviamente se trata de viajes organizados y no espontáneos», dada la coincidencia espacio-temporal de esos desplazamientos, y el modo de hacerlos.
En dos hospitales de València
El último vuelo, antes del previsto para esta mañana, es el que llegó el martes. Agentes de Extranjería de la Policía Nacional aguardaban la llegada de los migrantes para comprobar que no tuviesen cuentas pendientes con la Justicia, ya que se supone que el control de inmigración ya lo habían pasado a su llegada en cayuco a las costas canarias.
Y aunque es cierto que la mayoría de los 16 detenidos lo fueron porque portaban documentación falsificada, los policías comprobaron con sorpresa que a varios de ellos no se les había incoado el preceptivo expediente de expulsión. Los 16 fueron sometidos a pruebas PCR que revelaron que dos de ellos eran positivos a la infección por covid-19, lo que obligó a poner en marcha el protocolo sanitario.
Los 16 fueron trasladados a los calabozos del complejo policial de Zapadores —el CIE permanece cerrado desde hace un mes—, pero separados entre sí y del resto de detenidos, precisamente en atención al aislamiento impuesto por la existencia de los dos contagiados. Además del protocolo anticovid, dependiente de la Conselleria de Sanidad, por el que inicialmente iban a ser llevados a Alicante —los dos positivos, a un hospital y el resto, al de campaña, ambos en la capital alicantina—, la Delegación del Gobierno activó el de inmigración. Tras varias horas de espera en Zapadores, finalmente la autoridad judicial encargada del caso decidió que prevaleciese la protección sanitaria, por lo que estableció que cumpliesen con la obligada cuarentena, pero en València en vez de en Alicante.
Así, por la mañana fueron trasladados los dos positivos en sendas ambulancias a un hospital de València, y por la tarde fue la Policía Nacional quien llevó a los 14 restantes en furgones a otro centro sanitario de la ciudad. Los 16 permanecerán confinados en ambos hospitales, que Levante-EMV no revela para preservar la intimidad de los migrantes, y una vez que reciban el alta médica, continuarán adelante los trámites administrativos y los penales para aquellos que llevaban documentación falsificada.
