La sección segunda de la Audiencia de València ha prorrogado hoy la situación de prisión provisional para María Jesús Moreno Cantó, Maje, y para Salvador Rodrigo Lapiedra, Salva, como autores del asesinato del marido de ella, el ingeniero Antonio Navarro, en agosto de 2017 en un garaje del valenciano barrio de Patraix. Se trata de una adecuación técnica a la actual situación de los dos condenados que no variará su situación, por cuanto están, y seguirán estando, en la cárcel.
Hasta ahora, seguían en prisión provisional, la misma que se dictó como medida cautelar para ellos tras su detención, en enero de 2018, y que fue prorrogada dos años después, en enero de 2020. Sin embargo, ahora ya han sido condenados, pero la sentencia no es firme porque los defensores de ambos han recurrido ante el TSJ, por lo que la vista celebrada esta mañana sirve para cambiar esa prisión provisional de la fase de instrucción a la posterior a la condena en primera instancia.
Así, la prórroga dictada hoy por la Audiencia de València en virtud del artículo 504.2 de la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) y tras escuchar a todas las partes en la breve vistilla de esta mañana, tendrá vigencia por la mitad de la condena de cada uno de ellos -once años, en el caso de Maje, condenada a 22 años, y ocho y medio en el caso de Salva, condenado a 17 años-.
Esta situación se mantendrá hasta el momento en que la sentencia adquiera firmeza, tanto si las partes se quedan con lo que diga el TSJ cuando vea su recurso, como si agotan la vía penal llegando hasta el Tribunal Supremo.
En todo caso, nada variará para ellos, ya que permanecerán en prisión sin más, donde llevan desde el 12 de enero de 2018, cuando el juez que instruyó la causa, titular del Juzgado de Instrucción número 14 de València, dictó prisión comunicada y sin fianza para ambos.
Tal como adelantó Levante-EMV en su edición del pasado sábado, la Audiencia de València había fijado para las 9.00 horas de hoy la audiencia para prorrogar la prisión provisional para María Jesús Moreno y Salvador Rodrigo, condenados en noviembre pasado a 22 y 17 años de cárcel por el asesinato del marido de ella, Antonio Navarro Cerdán en el garaje que tenía en propiedad la pareja, en el número 14 de la calle Calamocha de València.
Ambos están presos desde su detención y puesta a disposición judicial el 12 de enero de 2018. En enero del año pasado, la Audiencia se vio obligada a prorrogar en dos años la situación de prisión provisional para ambos, ya que la Lecrim prevé un máximo de dos años en esa situación en los casos de delitos graves.
De no haberlo hecho, habría sido obligatorio poner a ambos en libertad hasta el juicio, pero esa prórroga permitió alargar por espacio de dos años más —la ley fija un máximo de cuatro—, que no han sido necesarios, ya que el juicio con jurado contra ambos pudo celebrarse el pasado octubre, incluso a pesar del consiguiente retraso por la pandemia.
En este momento, y aunque ambos han sido condenados, continúan en la misma situación, en prisión provisional, que no cesará hasta que la sentencia sea firme. Tal como adelantó Levante-EMV, tanto la defensa de Maje como la de Salva han recurrido antes el TSJ, así que, mientras no se pronuncie el alto tribunal valenciano —y el Supremo, después, ya que es casi seguro que seguirán pleiteando si el TSJ no les da la razón y confirma el fallo del Tribunal de Jurado presidido por el magistrado José María Gómez Villora—, seguirán en situación provisional porque la condena seguirá sin ser firme. Eso sí, cada día en prisión les está contando como parte del cumplimiento de la condena, como es lógico.
Hasta la mitad de la condena
Aunque la prórroga aprobada hace un año cubriría hasta los cuatro años, en realidad la vistilla convocada para hoy, que ha reunido de nuevo a todas las partes —menos a los presos, que han asistido desde la cárcel por videoconferencia—, ya no tenía como fin asegurar la presencia de los acusados en el juicio o evitar la destrucción de pruebas, que es el sentido de la prisión provisional en su primera fase.
Se trataba, en definitiva, de revalorar la situación, pero teniendo en cuenta que ya no están en prisión por meros indicios descubiertos durante la fase de instrucción, sino por las pruebas que un tribunal de jurado compuesto por cinco mujeres y cuatro hombres elegidos al azar entre la ciudadanía valenciana estimó suficientes para considerar a los antiguos amantes culpables por unanimidad del asesinato del marido de ella.
Así que, aunque la defensa de Maje ha llegado a plantear en la vista de hoy que la dejen en libertad mientras se resuelven los recursos, alegando que no hay riesgo de fuga y, de nuevo, que no hay carga probatoria que justifique su condena, la Audiencia lo ha rechazado, dada la gravedad del delito, la cuantía de las condenas y la pulcritud del veredicto y de la posterior sentencia condenatoria.
De hecho, la respuesta del magistrado es justo la contraria a la tesis de la defensa de la parricida: lo elevado de la pena redunda en que haya aumentado el riesgo de fuga, “que debe ser conjurado”, dice el auto, “mediante la prórroga de la prisión hasta la mitad de la pena impuesta en la citada sentencia, en tanto la misma alcanza su firmeza sin que el arraigo aludido por su defensa sea suficiente para eliminar ese riesgo de fuga”.
