Caso real. 8.00 horas del martes, 9 de febrero. Un niño de 13 años se quita la vida cuando en la casa estaban él, su hermano mayor, el menor y su abuela. La familia se entera a través de los servicios de emergencias. La abuela, devorada por el sentimiento de culpabilidad, amenaza con imitar a su nieto. Los padres están ausentes porque ya habían ido a sus trabajos, y es allí donde les avisan para que regresen porque su hijo mediano acaba de suicidarse en su ausencia. El golpe psicológico y emocional es indescriptible.

Acuden policías nacionales locales, sanitarios, la comisión judicial... El despliegue previsto. Pero ninguno de ellos está capacitado para intervenir para paliar el dolor, la culpa y la desesperación. La primera consciente de su necesidad es la médica del SAMU, que sugiere a la familia que llame al 112 y reclame atención psicológica para esa situación de crisis. Pero nadie acudió.

La razón es simple. Y sorprendente. La C. Valenciana carece de psicólogos emergencistas que atiendan en situaciones críticas. Al menos, las individuales. O eso afirman desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre): «No atendemos psicológicamente a ciudadanos, de eso se ocupa Sanidad». Pero la conselleria de Ana Barceló tampoco dispone de ese servicio para intervenir de forma inmediata en situaciones de crisis.

Desde hace casi dos décadas, la Generalitat Valenciana mantiene vivo un convenio con una asociación de psicólogos emergencistas, (el equipo cambió el nombre a Psicoemergencias CV en 2012), integrada exclusivamente por profesionales expertos en formación e intervención en catástrofes, emergencias y otras situaciones críticas de alto impacto emocional. Según la Avsre, «el convenio solo contempla la intervención de Psicoemergencias CV, y de otras oenegés como Cruz Roja, en casos de grandes catástrofes y siniestros con víctimas múltiples, así como para el personal de emergencias que haya actuado en esos casos. No atendemos a ciudadanos».

Sin embargo, ese acuerdo de colaboración, el último de ellos firmado en septiembre de 2017 y en vigor hasta septiembre de este año, no dice eso. En su página segunda, reconoce a Psicoemergencias CV como una asociación que «tiene como fin la atención psicológica a las víctimas y familiares de posibles catástrofes, como son los accidentes con múltiples víctimas o emergencias de menor envergadura que por sus características pueden requerir de forma puntual de atención psicológica».

Y en el anexo donde se desarrolla el protocolo concreto de actuación en caso de movilización de la citada oenegé, en su artículo segundo, afirma que el «Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) Generalitat movilizará al personal de la Asociación en aquellas emergencias con gran conmoción de la familia/s de las víctimas [como sería el caso del suicidio del menor de 13 años], en aquellas de especial gravedad y en las que, debido al número de víctimas [como sucedió en el accidente del metro], se active el Porcedimiento de actuación frente a emergencias con múltiples víctimas».

Sin embargo, el 112 no activó a Psicoemergencias, ni a ningún otro servicios similar —fuentes de la Avsre aseguran que tienen convenio «con otras oenegés como Cruz Roja»— cuando la tía del menor que se quitó la vida llamó en dos ocasiones al teléfono de emergencias solicitando ayuda psicológica urgente.

La primera de las llamadas la realizó a las 14.01 horas y duró 6 minutos y 53 segundos. «Le expliqué cómo estaba los padres del niño, mi madre, los críos... No comían, no hablaban... Que necesitábamos un psicólogo y que el SAMU nos lo había dicho. Me respondió que por supuesto, que nos lo mandaban ya, que lo analizaban e iban lo antes posible», explica Amparo Alcina.

Pero lo que llegó fue una llamada desde el centro de salud, a los 10 minutos, en los que su médica de Atención Primaria les informaba de que ya había expedido la receta electrónica con fármacos tranquilizantes. Cuando le respondieron que no era eso, que necesitaban apoyo psicológico inmediato, la médica les explicó que no disponían de ese servicio y que lo mejor sería que se fuesen al hospital.

«Ni mi madre, ni mi prima, ni su marido, ni los niños estaban para ir al hospital, así que volví a llamar al 112», explica Amparo. En esa segunda llamada, de 7 minutos y 14 segundos de duración, «ya era otro operador y me dijo que no disponían de psicólogos de emergencias, que habían avisado al centro de salud y no podían hacer nada más. Yo le pregunté si no hay un protocolo o alguna asociación que se ocupe de estas situaciones, y el operador me dijo: ‘Si quiere llamar al Teléfono de la Esperanza...». Es decir, ni siquiera le sugirió el de la asociación con quien la Generalitat tiene acordada la intervención en ese tipo de casos, y que le supone coste cero, ya que sus intervenciones son voluntarias y no retribuidas.

La citada fuente de la Avsre replica que la actuación «fue correcta», ya que se alertó a Sanidad y se le ofreció el recurso del Teléfono de la Esperanza «que es la institución de referencia en materia de suicidios». Sin embargo, esa oenegé solo prestan atención telefónica y nunca realizan el acompañamiento de las víctimas.

Psicoemergencias intervino, pero sin ser activados pr 112

Cuatro psicólogos de Psicoemergencias CV realizaron una «compleja» intervención con la familia del menor. Se pusieron en marcha por la noche y, a primera hora de la mañana, ya estaban con la familia. Tres de ellos permanecieron de manera continua con los padres y los hermanos del niño en el tanatorio. «Fue fundamental. La situación fue durísima. sobre todo cuando acudió la clase entera del niño con su profesora. De no haber habido nadie con ellos, no sé cómo lo habrían afrontado», explica el presidente de la asociación, Mariano Navarro. «Todos dejaron su trabajo y acudieron sin más. Simplemente por ayudar», concluye.

«Es una barbaridad que algo así no esté protocolizado para todos»

La tía del menor de 13 años que se quitó la vida, Amparo Alcina, sabía lo imprescindible que era ese apoyo psicológico inmediato «en el momento más duro de la vida de todos nosotros». «Y sobre todo, para afrontar el tanatorio, que venía al día siguiente, y luego el entierro. Cuando ya no sabía a dónde acudir, pensé en llamar a mi psicóloga. Estaba dispuesta a pedirle que atendiera a toda mi familia, y fue ella quien me habló en ese momento de la existencia de los especialistas de Psicoemergencias y me contó que trabajan a través del 112. No lo podía creer...». 

Así fue. Pese a ser un recurso de uso público, tuvo que llegar a ellos a través de su terapeuta privada. De manera gratuita, como si los hubiese movilizado el 112. «Es una barbaridad que algo así no esté protocolizado y que esté al alcance de todo el mundo. En nuestro caso, porque yo tenía el recurso y conocía a mi psicóloga, pero ¿y qué pasa con el resto de las personas en situaciones similares». La respuesta la puede dar la familia del menor de 10 años que estuvo a punto de morir en otra tentativa de suicidio en València solo 12 horas antes de la del sobrino de Amparo. Nadie les ha prestado asistencia psicológica de emergencia .