La jueza instructora del caso Alcàsser ha ordenado a la Policía que busque a un supuesto empleado de una agencia de transportes que, según dos marineros, habló por teléfono con Antonio Anglés en marzo de 1993, cuando el fugitivo huía de la Justicia a bordo del barco «City of Plymouth», con rumbo a Irlanda. La existencia de esa llamada está constatada desde abril de 1993, cuando dos de los marineros declararon a la Policía Nacional española que Anglés había recibido una llamada mientras estaba a bordo de un periodista de una radio de Lisboa, quien, posiblemente, dijo pertenecer a una agencia de transporte cuando llamó al barco para conseguir que le pusieran al teléfono al presunto asesino de las niñas.

La prensa lisboeta tuvo conocimiento de la presencia del denominado por ellos entonces como «el matador español» incluso antes que la Guardia Civil, ya que el toxicómano que le dio cobijo y prestó ayuda para subirse al barco como polizón a cambio de dinero, Carlos Joaquim Carvalho Gonzales (fallecido hace años), acudió a la policía portuguesa en cuanto Anglés se hubo subido al buque, el 18 de marzo, para evitar ser detenido por ello, ya que argumentó que desconocía de quién se trataba.

Luego confesaría que lo había reconocido el día anterior, 17 de marzo, cuando ambos veían juntos la tele y salió su cara como el hombre buscado en España por el asesinato de las tres niñas de Alcàsser. En aquel momento, la policía de Lisboa esgrimió que no habrían podido arrestarle aunque lo hubiesen visto porque no había ninguna orden internacional contra él, algo incierto, ya que el Juzgado de Alzira la había emitido el día 12 de marzo, seis días antes de su embarque en el ‘City of Plymouth’, hoy destruido.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Alzira ha ordenado también la unión a la causa judicial de una fotografía exhibida por la Policía a un marinero del citado barco mercante y el interrogatorio como testigo de este marinero y el de otros dos miembros de la tripulación, igualmente en calidad de testigos.

Se trata de las fotos más recientes que había en ese momento de Antonio Anglés, que se tomó en la mañana del 29 de enero, en un fotomatón de la estación del Norte de València, después de haberse cortado y tintado el pelo en una peluquería de la Gran Vía Fernando el Católico y justo antes de tomar un Cercanías hasta Riba-roja, en plena huida porque dos días antes habían aparecido los cuerpos de las Toño, Míriam y Desirée.

La jueza ha ordenado esas diligencias después de que la sección tercera de la Audiencia de València haya aceptado el recurso de la acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor, solicitando dichas pruebas. La jueza de Alzira las había denegado en primera instancia al entender que no aportarán datos útiles para la hipotética localización del fugitivo, del que ni siquiera se sabe si está vivo o muerto. Parte de esas diligencias ya se practicaron en la primavera de aquel 1993.

A instancias de la Audiencia

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han informado de la resolución, pero han precisado que las diligencias no suponen reactivar la investigación, que nunca ha sido nunca cerrada. De hecho, el entonces titular del juzgado abrió una pieza separada en abril de 1993, una vez que la Guardia Civil constató que Anglés había roto el cerco en València y había huido del territorio nacional, Gracias a esa pieza separada y a las diligencias policiales que se han ido realizando a lo largo de estos 28 años de búsqueda activa, el caso no ha prescrito para Anglés.

La instructora emitió hace un año una orden europea de investigación para solicitar la colaboración de las autoridades del Reino Unido sobre la huida en barco de Anglés.

El juzgado había recibido un informe del grupo de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial donde se solicitaban nuevos interrogatorios a testigos, concretamente a miembros de la tripulación del barco desde el que supuestamente huyó el fugitivo, tras el reportaje del programa de La Sexta ‘Equipo de investigación’ en el que el capitán admitía por primera de manera abierta una obviedad: que uno de los marineros había ayudado a Anglés a subir al barco y después, a huir hasta en dos ocasiones.

El capitán, hoy jubilado, dejó entreabierta esa posibilidad, pero, ni en 1993, ni ante los periodistas del programa, reveló quién era ese marinero. Ni siquiera de quién o quiénes pudo tener sospechas en aquél momento.

De las declaraciones del marinero y del capitán se dedujo que Anglés mantuvo una conversación telefónica con un trabajador de una compañía de transportes desde el propio barco, mientras que en sus declaraciones ante la Policía en 1993 dijeron que «un periodista llamó al polizón» y que la conversación duró «varios minutos». No supieron explicar el contenido de la llamada, ya que Anglés solo hablaba castellano y ellos, inglés, por lo que no entendieron el sentido de la conversación, que reveló por primera vez Levante-EMV en 1997.

La acción popular pidió a la juez la localización de esta fotografía y la identificación del supuesto empleado de la compañía de transportes, diligencias que la magistrada rechazó y que la sección tercera de la Audiencia Provincial ha considerado oportunas, a petición de la citada asociación.