Jorge Ignacio P. J., el presunto asesino en serie de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela, acusado además de drogar e intentar matar a otras mujeres —el juzgado ya dispone de 16 víctimas en total—, volverá a ser conducido ante el juez a petición de una de las acusaciones particulares para que escuche cómo se le imputan nuevos delitos. Así lo ha acordado el juez de Instrucción número 20 de València, que aglutina todas las investigaciones contra Jorge Ignacio P. J. desde el verano pasado, cuando fueron acumuladas todas las causas contra él que hasta ese momento estaban desperdigadas por media docena de juzgado de València y Alzira.

El juez ha fijado para el 13 de abril, a las 12.00 horas, la nueva comparecencia del presunto asesino en serie ante el juez, la fiscal, los cuatro abogados de las acusaciones particulares y los dos de su defensa, y lo ha hecho a petición precisamente de una de esas acusaciones particulares, la que lleva el letrado Juan Carlos Navarro en nombre de las familias de dos de las víctimas mortales —Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas— y de dos de las supervivientes a los encuentros sexuales con el acusado.

Navarro solicitó al juez de la causa que volviese a citar a su presencia al acusado para imputarle nuevos delitos a tenor de lo revelado por las once supervivientes en el juzgado, durante la ronda de declaraciones celebradas entre noviembre y diciembre.

Al borde de la muerte

En todos los casos, las chicas coinciden en el relato a la hora de explicar cómo el acusado les administró cocaína a escondidas y sin su consentimiento en grandes cantidades, aplicada en sus genitales, y cómo algunas de ellas a raíz de ese hecho llegaron a perder el conocimiento y a sentirse al borde de la muerte.

De hecho, el abogado ya imputó a Jorge Ignacio P. J. dos delitos de asesinato consumados —por Arliene y Lady Marcela— y dos más en grado de tentativa por las otras dos víctimas a las que representa. Ahora, agregará los delitos de agresión sexual en los cuatro casos, así como cuatro delitos más contra la salud pública por la administración de la droga.

También la fiscal del caso podría agregar nuevos delitos a su imputación inicial en relación con las mujeres supervivientes que no tienen letrado particular y a las que defiende ella como Ministerio Público, añadiendo del mismo modo los relacionados con el tráfico de drogas y las agresiones sexuales.

Tal como ha venido publicando este diario, Jorge Ignacio P. J., en prisión desde el 6 de diciembre de 2019, fue excarcelado para comparece por primera vez ante el juez que dirige la causa contra él en la mañana del 20 de noviembre pasado para ser informado oficialmente de los delitos que le imputan las distintas partes personadas en el procedimiento, tal como estipula la ley del jurado.

En esa sesión, la fiscal informó de que le acusaba de tres homicidios consumados, los de Marta, Arliene y Lady Marcela, y de otros tres en grado de tentativa.

Cocaína y un segundo tóxico

Las acusaciones, que representan a las víctimas o a sus familias, fueron un paso más allá y le acusaron de asesinato, al entender que los homicidios están agravados por la alevosía de haberlas dejado indefensas con la administración de grandes cantidades de cocaína y, posiblemente, de una segunda sustancia tóxica aún por determinar.

En el caso de la madre de Marta Calvo, sus abogados, Pilar Jové y Vicente Escribano, le imputaron en esa comparecencia cuatro delitos: asesinato, agresión sexual (ambos con la agravante de género), contra la salud pública —tráfico de drogas— y contra la integridad moral por no revelar dónde está el cuerpo de Marta, que sigue sin ser encontrado 16 meses después de su muerte violenta.

El padre de la joven de Estivella, representado por la letrada Candela Estévez, le acusó de tres delitos: asesinato, profanación de cadáveres y contra la integridad moral.

Finalmente, los abogados del presunto asesino en serie, el valenciano Óscar Fernández, que lo defiende desde antes de su detención, y la navarra María Herrera, que fue su abogada en el proceso por narcotráfico en el que la Audiencia de Pamplona le impuso 3 años de cárcel por 300 gramos de cocaína, solicitaron el archivo de la causa contra su cliente porque, según dijo entonces la letrada, no hay indicios contra Jorge Ignacio P. J.