La jueza de Instrucción número 5 de Castelló, que instruye la investigación por delitos de integridad moral contra quienes han publicado bulos contra políticos por falsos casos de pederastia en el marco del conocido como caso Bar España —un bulo basado en mentiras e invenciones que ha anidado durante dos décadas en el anonimato de internet— ha acordado el procesamiento de ocho de los investigados.

Entre los perjudicados por la difusión de estos bulos se encuentran el expresidente de la Diputación de Castelló Carlos Fabra; la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra; el ‘expresident’ de la Generalitat Francisco Camps; o la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que declararon como posibles perjudicados, o incluso la jueza que los investigó.

Según consta en un auto hecho público ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), se atribuye a los procesados supuestos delitos contra la integridad moral, contra la administración de Justicia, contra el honor y delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución.

En un plazo de diez días el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas deberán solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien solicitar el sobreseimiento de las actuaciones.

La mentira de los cientos de violaciones

Los procesados son, a juicio de la instructora, responsables de la difusión durante 20 años de «continuas informaciones falsas aparecidas en distintas páginas, blogs y otros medios de comunicación» en las que se hacían eco de una supuesta «organización de corrupción mafiosa, política, judicial y de pederastia» que, según estos bulos, pudo incurrir en cientos de violaciones de menores.

«Durante años, internautas especializados en la propagación de bulos y en la difusión de teorías conspiratorias, difundieron la historia y la publicaron y mantuvieron en distintos foros», sostiene la jueza.

Añade que «ninguno de ellos ha realizado labor alguna de contraste y verificación de sus fuentes y de lo publicado, ocultando de forma deliberada la retractación de los entonces menores —supuestos denunciantes— y la condena de los autores de tales bulos por la falta de certeza de las acusaciones mantenidas».

El asunto parte de unas diligencias previas por delitos de injurias y calumnias y contra la Administración de Justicia, si bien posteriormente se registró una ampliación de denuncia de la Fiscalía y la titular de Instrucción número 5 de Castelló acordó acumular a esta investigación otros dos procedimientos por hechos similares seguidos en juzgados de Vinaròs y Madrid.

En este causa, en la que inicialmente constaron 20 investigados y 17 perjudicados, se investiga el perjuicio causado por una serie de «bulos» sobre presuntos casos de pederastia atribuidos a políticos y cargos públicos que han sido difundidos en internet desde hace más de 20 años sin que lo respalde ni un solo hecho real, más allá del nombre del bar.