Un supuesto homicidio imprudente. «Solamente le tapé la boca para que no gritase, no soy ningún asesino, cuando me marché pensaba que se había desmayado». Esa es la versión que dio ayer el hombre acusado de asfixiar en agosto de 2018 a una anciana de 82 años en la avenida Baleares de València, quien se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable por los delitos de asesinato a víctima especialmente vulnerable por su edad y robo con violencia en casa habitada. Aunque por primera vez reconoció haber estado la noche de autos en casa de la octogenaria —ya que hasta la fecha negaba incluso esa circunstancia acreditada por el ADN hallado en las uñas de la víctima y por el posicionamiento de su teléfono móvil—, Yunior O. G., de nacionalidad cubana, negó que tuviera intención de robar y matar a la mujer, a la que conocía de haberle hecho varios trabajos de albañilería en su vivienda.

El procesado asegura que la noche del 19 de agosto de 2018 acudió al domicilio de Teresa Miralles para cobrar una factura de 4.800 euros, de unas obras realizadas en el ático en 2017, porque necesitaba el dinero de forma urgente para saldar una deuda por drogas. «Sentía una presión muy grande, si no pagaba los 3.000 euros le iban a cortar el cuello a mi mujer, era la única salida que tenía», manifestó sobre la supuesta amenaza de un traficante de la Pobla de Vallbona.

Según alegó ayer en la primera sesión del juicio celebrado ante un jurado popular, la anciana se negó a pagarle el importe de la factura y ambos discutieron, momento en el que le tapó la boca para que no gritara. «Se desmayó y cayó sobre mis brazos», apuntó, insistiendo en que no tenía intención alguna de matarla y que la dejó acostada en la cama pensando que todavía estaba viva.

No obstante, la Fiscalía considera que el acusado fue con la clara intención de robarle y acabó con la vida de la anciana de forma alevosa, sin darle posibilidad alguna de defenderse cuando la tiró sobre la cama y la asfixió tapándole la cara con una almohada durante varios minutos hasta que se aseguró de su muerte. Además de su edad y la débil condición física de su víctima, el acusado se aprovechó de que la octogenaria tenía entre otras dolencias una poliartrosis generalizada que le limitaba considerablemente su movilidad, circunstancia que conocía el presunto asesino al haber trabajado para ella como albañil, según argumenta el fiscal.

Entre las pruebas que lo incriminan directamente en el crimen está el perfil biológico del acusado hallado en las uñas de ambas manos de la víctima, lo que indica que la mujer trató de defenderse. Asimismo el posicionamiento del teléfono móvil lo ubica en la casa y los investigadores del grupo de Homicidios de la Policía Nacional averiguaron que esta persona había vendido las joyas sustraídas tres días después del crimen en un establecimiento de compraventa de oro de Llíria por 2.313 euros. Así como la confesión que le hizo al supuesto traficante al que le debía dinero por la venta de cocaína, quien declarará como testigo en el juicio.

El letrado Daniel Sánchez, que ejerce la defensa del presunto asesino, anunció su intención de modificar las conclusiones provisionales que solo contemplaba el delito de receptación, y plantea la alternativa de un delito de homicidio por imprudencia en el que se tenga en cuenta las circunstancias atenuantes de embriaguez y drogadicción. «Merezco ser condenado, pero no soy un asesino, no era mi intención matarla», concluyó el acusado después de mostrarse arrepentido y pedir perdón a la familia de la fallecida.