María Jesús Moreno Cantó, más conocida por su apelativo familiar de Maje, ha decidido aceptar su culpabilidad y no continuar con el proceso de apelación de la sentencia que la condenó, en noviembre pasado, a 22 años de cárcel por planificar y cooperar en la ejecución del asesinato de su marido, Antonio Navarro Cerdán, de ocho cuchilladas, cuando iba a coger el coche para irse a trabajar, en el garaje que la pareja había comprado, en el número 18 de la calle Calamocha, en el valenciano barrio de Patraix, a las 7.40 horas del 16 de agosto de 2017.

La decisión de no continuar recurriendo y conformarse con la sentencia impuesta por el Tribunal del Jurado, confirmada el mes pasado por la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (TSJCV), no convierte la condena a 22 años de cárcel como coautora del asesinato de su marido en firme, pero se le acerca mucho.

A partir de aquí, ya casi solo puede agotar el tiempo de prisión con la mirada puesta en los futuros permisos penitenciarios, para cuya obtención aún faltan al menos dos años, ya que la ley estipula que el recluso puede solicitarlos una vez cumplida la cuarta parte de la condena —en su caso, cinco años y medio, de los que ya lleva satisfechos tres y medio—. Además, deberá haber sido progresada al menos a segundo grado en la clasificación penitenciaria y haber demostrado buena conducta. Aún así, casi nunca se conceden permisos ordinarios hasta que se ha cumplido la mitad de la condena impuesta.

Dada la calidad jurídica de la sentencia impuesta por el magistrado que presidió el Tribunal del Jurado, José María Gómez Villora, y su profusa fundamentación del objeto del veredicto de culpabilidad de los nueve miembros del tribunal popular, ya era complicado que el TSJ revocase esa condena, siquiera parcialmente.

Pero ahora, tras la sentencia del TSJ —cuyo ponente fue el magistrado José Francisco Ceres—, donde se confirma punto por punto el fallo anterior y se rechazan todos y cada uno de los planteamientos de los letrados que ejercieron la codefensa de Moreno Cantó —la abogada de oficio Alicia Andújar y el particular Javier Boix—, elevar un nuevo recurso, ahora en casación, al Supremo tiene aún menos visos de éxito y encarecería todavía más las elevadas costas que este procedimiento ha supuesto ya para la familia de la condenada.

Además, al intervenir Boix en calidad de abogado particular, no está obligado a agotar la vía penal hasta sus últimas consecuencias, salvo que su patrocinada así lo hubiese solicitado, asumiendo el sobrecoste económico que supone elevar un recurso al Alto Tribunal.

Salva sí recurre al Supremo

Sin embargo, su examante, Salvador Rodrigo Lapiedra, Salva, sí ha pedido a su letrada, Julita Martínez, que apele en casación al Tribunal Supremo para tratar de lograr alguna de las rebajas que ya ha rechazado el TSJ. En este caso, la abogada es de oficio y lleva asistiéndole desde el día de su detención, el 10 de enero de 2018, por lo que sí tiene la obligación de continuar ascendiendo en la vía penal, que se agotaría en el Alto Tribunal. Así, la sentencia que emita la Sala Segunda del Supremo respondiendo a su recurso, que ya está presentado y aceptado desde el 11 de junio por el TSJ, dará firmeza al caso. Para ambas partes, aunque sólo haya apelado uno de ellos.

Salva, auto material confeso del asesinato de Antonio Navarro, fue condenado en la misma sentencia que Maje a 17 años. El magistrado le rebajó un año de los 18 que le pedía el Ministerio Fiscal, representado por Vicente Devesa, al contemplarle una eximente simple de colaboración con la Justicia, tal como dio por probado el jurado en su veredicto.

Sin embargo, la defensa de Rodrigo Lapiedra, que al término del juicio modificó sus conclusiones y pasó de pedir la absolución a solicitar una condena de siete años y medio de cárcel, recurrió ante el TSJ para tratar de reducir los 17 años buscando que se le aplicaran tres atenuantes: la de colaboración con la Justicia, la de confesión tardía —admitió la autoría desde el instante en que fue arrestado— y la de reparación del daño. Pero el magistrado Juan Francisco Ceres explicó a la letrada en su fallo que eso no era posible por los mismos argumentos que ya le había brindado Gómez Villora en la sentencia de noviembre.

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Tal como ha venido informando Levante-EMV desde el inicio, Maje y Salva fueron detenidos tras cinco meses de investigación por parte del grupo de Homicidios de la Policía Nacional de València, tras encontrar pruebas contra ambos de que habían planificado y acordado juntos el asesinato del marido de ella.

Ambos fueron enviados por el juez de Instrucción a la cárcel el 12 de enero de 2018, donde continúan. Los dos fueron juzgados por un tribunal popular en la segunda quincena de octubre pasado, y condenados en primera instancia el 16 de noviembre de 2020, pena que confirmó el TSJ el pasado 25 de mayo.