La causa por el asesinato de Waffa Sebbah entra en un juzgado de instrucción que se encuentra bajo mínimos. Lo estaba a principios de año, cuando el titular del juzgado número 4 de Alzira llegó a elevar una queja ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia para alertar de que carecía del personal necesario para el normal funcionamiento de la sección penal tras quedarse con un único funcionario de los cuatro que le corresponden -entre bajas y traslados- y lo sigue estando cuatro meses después, según denunció ayer el decano del Colegio de Abogados, Agustín Ferrer, que alertó de que la sección que tiene que instruir este procedimiento continúa con un único funcionario que, además, indicó, procede de una bolsa de trabajo y no tiene la experiencia necesaria en materia de justicia.

«Un tema tan grave de violencia de género no se va a poder instruir de manera ordenada porque no hay funcionarios, únicamente hay una persona que no tiene la capacitación de carácter procesal penal para llevar esto», señaló Ferrer, que no dudó en señalar que se trata de un ejemplo del «abandono» que sufre la comarca de la Ribera en materia judicial.

El decano del colegio recordó que si bien la Conselleria de Justicia, de quien depende la asignación del personal -salvo el juez y el letrado de la Administración de Justicia que dependen del ministerio- llegó a cubrir una de las vacantes tras la primera queja, el funcionario también solicitó el traslado y la sección penal continúa con un solo funcionario. «Nos parece indignante», incidió Ferrer, quien dejó entrever que el juzgado ha elevado una segunda queja al TSJ y también ha solicitado auxilio a la dirección general sin haber obtenido respuesta.

Se da la circunstancia de que este juzgado tenía asignado un juez de refuerzo desde finales del año 2019, que cesó durante el confinamiento decretado por la pandemia del coronavirus. Si bien ha solicitado la reincorporación debido a que se mantienen las circunstancias que provocaron su designación, ésta no ha sido aprobado.

Ferrer señaló como otra muestra del «abandono» de la Ribera que el Ministerio de Justicia no haya atendido la petición de la conselleria para crear en Alzira un juzgado especializado en violencia de género. «Nos vuelven a dejar de lado cuando todos abogan por la especialización en una materia tan sensible, sentimos un adecepción absoluta», indicó.