La Audiencia de Valencia ha comenzado a juzgar a los integrantes de una organización criminal dedicada al cultivo de marihuana en naves industriales, para el que traían engañados a compatriotas de China o Vietnam, a los que prometían un trabajo y, una vez en el país, obligaban a trabajar sin poder salir del recinto de las plantaciones.
El proceso, sin embargo, ha quedado reducido a su mínima expresión debido a que las víctimas y los principales inculpados no han comparecido ante el tribunal, por lo que la vista celebrada este martes se ha centrado en los únicos dos acusados que sí se han presentado, quienes han manifestado que eran simples servidores de los cabecillas y que desconocían las actividades de la organización criminal.
De este modo, uno de ellos ha declarado que era el chófer y que desconocía la actividad de su jefe, que nunca entraba en las naves y siempre se quedaba en el coche; el segundo ha manifestado que vivía en una habitación alquilada con otras personas, pero desconoce a qué se dedicaban. Ambos han negado conocerse.
Según el escrito del fiscal, la red localizaba a personas en situación precaria o de extrema necesidad en su país y les proponía venir a Europa para trabajar. Cuando llegaban a España les hacían vivir en las naves o en pisos que alquilaba la misma organización, que les retiraba la documentación.
El 10 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la entrada y registro en la nave principal, localizada en Alaquàs, en la que los agentes se incautaron de 1.092 plantas de marihuana y de otras tantas 1.092 plantas en cogollos.
La nave no estaba dada de alta en ninguna compañía de electricidad, por lo que los procesados estaban enganchados de forma ilegal al suministro eléctrico. La producción de marihuana alcanzaba valores de centenares de miles de euros.
Los procesados tenían instalaciones similares en otras naves en la provincia (en Silla, Alginet y Benifaió), además de un chalet en Millena (Alicante).
La Fiscalía pide penas que oscilan entre los 98 y los 8 años de prisión por diez delitos de trata de seres humanos en concurso con diez delitos de favorecimiento de inmigración y contra los derechos de los trabajadores extranjeros, un delito contra la salud pública y un delito de defraudación de fluido eléctrico.
El núcleo central del procedimiento tendrá lugar cuando sean detenidos los inculpados que, tras quedar en libertad, no han comparecido ante el tribunal, aunque este miércoles continuará la vista limitada a los dos acusados que sí han comparecido, y a los que el fiscal considera inmersos en la organización, por lo que les acusa de los citados delitos de trata de seres humanos en concurso con favorecimiento de inmigración y contra los derechos de los trabajadores extranjeros, además de contra la salud pública.
