«Me encerraron en una pequeña habitación y me esposaron. Nos tiraban el arroz al suelo para que comiéramos. Mucha hambre esos días. Si vuelvo a Vietnam me matarán». Son algunas de las declaraciones que realizaron a este periódico —a través del traductor del móvil— las víctimas de la mafia china que explotaba a compatriotas y trabajadores vietnamitas en plantaciones ilegales de marihuana de Alaquàs, Silla, Alginet, Benifaió y Millena. Ninguno de ellos ha podido ser localizado ahora para que presten testimonio en el juicio contra los dos únicos procesados llevados ante la Justicia de los 26 procesados iniciales que había en la causa.

Además, al no haber realizado en su día una prueba preconstituida con las declaraciones de las víctimas, la carga probatoria contra estos dos acusados se ve seriamente afectada para mantener las penas de 98 años de cárcel que solicita la Fiscalía para cada uno de ellos por los delitos de trata de seres humanos, favorecimiento a la inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores, contra la salud pública, fraude de fluido eléctrico y falsificación de documentos.

La Audiencia Provincial de València ha ordenado la búsqueda y detención de otros cuatro acusados, que se enfrentan a penas similares, y hay otros ocho detenidos en su día a los que solo acusa del delito de tráfico de drogas por trabajar en el cultivo de marihuana. Respecto a los otros diez procesados la Fiscalía solicitó su absolución al considerar que eran simples víctimas.

Esta organización criminal, desmantelada por la Policía Nacional en febrero de 2019, reclutaba a ciudadanos chinos y vietnamitas en sus países de origen, en situación precaria o de extrema necesidad, y los traían engañados con la falsa promesa de un trabajo en Europa. Así, les exigían le pago de entre 8.000 y 20.000 euros por el viaje, deuda que tendría que saldar trabajando para dicha trama cultivando marihuana.

Una vez en España les confiscaban su documentación y los encerraban en las naves, donde los obligaban a trabajar sin poder salir del recinto y en pésimas condiciones de salubridad. «Como ratas», así decía una de las víctimas que eran tratados por sus captores, entre ellos algún compatriota vietnamita que también permanece en paradero desconocido.

Los dos acusados que finalmente están pudiendo ser juzgados en la Sección Tercera de la Audiencia Provincia de Valencia, defendidos por el letrado Jorge García-Gasco, negaron ayer todos los cargos, que conocieran a otros presuntos miembros de la organización e incluso conocerse entre ellos.

Uno de los acusados, que figura como uno de los presuntos cabecillas junto con otro ciudadano chino en búsqueda y captura, alegó que solo actuaba como chófer de esta persona y que en ningún momento tuvo conocimiento de las actividades que realizaban en las citadas naves. Según su versión, nunca llegó a entrar en las naves ya que se quedaba en el coche cuando llevaba a su jefe donde él le mandara.

Asimismo también negó que les llevara herramientas y comida a las personas que trabajaban allí y que instalara cámaras de videoviligancia en las citadas naves. Respecto al hecho de que figure su nombre en los contratos de alquiler del coche y algún bajo, el acusado no supo explicar los motivos, aunque insistió en que él no hizo ninguno de los contratos.

El otro procesado que se sentó ayer en la Audiencia esgrimió que vivía en uno de los bajos de València registrado por la policía con otros ciudadanos extranjeros, pero que solo había alquilado una habitación por unos cien euros a un chico cuyo nombre no figura en la causa y que desconocía a que se dedicaban las personas que también vivían allí.

El 10 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la entrada y registro en la nave principal, localizada en Alaquàs, en la que los agentes se incautaron de 1.092 plantas de marihuana y de otras tantas plantas en cogollos. La nave no estaba dada de alta en ninguna compañía de electricidad, por lo que los procesados estaban enganchados de forma ilegal al suministro eléctrico. La producción de marihuana alcanzaba valores de centenares de miles de euros. Los procesados tenían instalaciones similares en otras naves de Silla, Alginet y Benifaió, además de un chalet en Millena (Alicante). Hoy declararán los investigadores de la policía que llevaron el caso para exponer las pruebas contra esta organización todo vez que ya no se cuenta con el testimonio de las víctimas.