Isaac Guillén, un policía local de Catarroja jubilado con una grave enfermedad degenerativa, murió estrangulado por su esposa después de que el hijo de ésta se quitara los cordones de las zapatillas, a instancias de su madre, se los entregara, y desde el asiento de atrás del vehículo apretara su cuello hasta acabar con su vida. Así lo declara probado la sentencia del Juzgado de Menores número 1 de València que condena al joven, que acaba de cumplir la mayoría de edad, a dos años de internamiento en régimen semiabierto como cómplice de un delito de auxilio al suicidio. El fiscal solicitaba ocho años de internamiento y cinco de libertad vigilada por el asesinato de víctima especialmente vulnerable.
Pese al relato de hechos probados, en el que se acredita que durmieron a su víctima discapacitada con una pastilla antes de llevarlo a una finca de Godelleta, donde previamente Beatriu F. C. había contratado a una persona para que hiciera una fosa donde ocultar el cadáver de su marido, la jueza considera que las meras manifestaciones del fallecido, que padecía ataxia cerebelosa, sobre su voluntad de recurrir a la eutanasia a familiares y amigos —sin concretar en ningún momento cómo se llevaría a cabo su muerte ni dejar constancia por escrito de su verdadero deseo— son suficientes para avalar el testimonio del menor y no aprecia el delito de asesinato.
Eso sí, matiza que el joven actuó «bajo la creencia de que su madre quería cumplir la voluntad que había expresado Isaac de morirse». Dicho fallo que solo afecta al menor no vincula en modo alguno a la verdadera intención de la presunta asesina, quien deberá ser juzgada por un jurado popular en la causa de adultos que sigue en instrucción. Ellos serán los encargados de estimar si la crueldad en el modo en el que madre e hijo acabaron con la vida de Isaac, de 45 años, es compatible con un auxilio al suicidio o si esto fue lo que le hizo creer la mujer a su hijo ahora condenado y enmascara los intereses económicos que tenía ésta como apuntan las investigaciones del grupo de Homicidios de la Policía Nacional.
La propia sentencia recoge la posible disparidad de criterio a la hora de valorar la prueba por un tribunal de menores o el popular. «Puede darse el caso que las sentencias que se dicten en el procedimiento seguido contra los responsables mayores y menores de edad, como son resultado de la valoración conjunta de la prueba practicada en el acto del juicio oral, sean distintas, incluso contradictorias», aclara.
Declaraciones de los testigos
En su caso han pesado más las declaraciones de los testigos que acreditan que Isaac «se planteaba la eutanasia como una posibilidad real y seria», pero se obvia que en el momento de su muerte él no estaba en condiciones de mostrar su voluntad.
De hecho, le habían dado un somnífero y antes de estrangularlo con los cordones de las zapatillas trataron de asfixiarlo dentro del coche con una manguera conectada a una bombona de gas. Al comprobar que no se moría, Beatriu optó por un método mucho más expeditivo y que poco tiene que ver con la supuesta piedad que se presupone a la hora de cometer un auxilio al suicidio.
Es un hecho que no admite discusión que Isaac Guillén, con un grave enfermedad hereditaria degenerativa que lo incapacitaba físicamente para cualquier tarea básica de la vida diaria y le provocaba fuertes dolores, «había manifestado en diferentes ocasiones a sus familiares y amigos su voluntad de recurrir a la eutanasia, porque no quería vivir en esas condiciones, llegando a pedir presupuesto en un centro extranjero para hacerlo efectivo».
Pero de ahí a inferir que el 1 de diciembre de 2019 su esposa, con la ayuda de su hijo menor de edad, ahora condenado, lo mataron porque él se lo había pedido no hay nada que demuestre esta tesis. En el juicio la hija del fallecido aseveró que su era Beatriu quien delante de su padre decía lo de la eutanasia y que éste se limitaba a asentir. Además, su progenitor le dijo al oído que cuando lo decidiera ella sería la primera en saberlo.
A todo ello se suman las acciones realizadas por la viuda del fallecido antes y después de ejecutar su muerte para entorpecer la investigación. Por un lado entregándole a una amiga los teléfonos móviles —de ella, de su hijo y de la víctima— en busca de una coartada, hecho probado en la sentencia de menores. Y por otro fingiendo que éste seguía vivo con desplazamientos a Barcelona y el envío de mensajes simulando ser él.
En concepto de responsabilidad civil la sentencia del Juzgado de Menores número uno de València establece que el joven deberá indemnizar con 28.000 euros a los dos hijos del fallecido. Así, será su madre, acusada por el crimen en la causa que sigue en instrucción, quien deberá responder a este pago como su representante legal, salvo un cinco por ciento del importe que deberá pagar el padre del menor.
El auxilio al suicidio requiere de una petición «expresa, seria e inequívoca»
El artículo 143.4 del Código Penal de auxilio al suicidio por el que ha sido condenado el menor a dos años de internamiento en régimen semiabierto —18 meses de internamiento efectivo y seis de libertad vigilada— requiere que la víctima, con una enfermedad grave con padecimientos permanentes y difíciles de soportar, realice una «petición expresa, seria e inequívoca», cosa que no se da de ningún modo en el crimen de Godelleta. Así, la jueza recoge como jurisprudencia una sentencia del Tribunal Supremo de un hombre que ayudó a morir a su madre asfixiándola con una bolsa en la cabeza. No obstante, en dicho caso la mujer había dejado una nota manuscrita con su deseo de suicidarse y el propio mecanismo ideado por ella para quitarse la vida.
